Opinión

Minucias judiciales

Aparte de los años que dediqué al gobierno judicial, la mayor parte de mi vida profesional la he desarrollado en dos tribunales: la Audiencia Nacional y ahora el Tribunal Supremo; uno el tribunal más mediático y el otro la cima de nuestro sistema judicial. Sin embargo ni uno ni otro son el mejor observatorio para conocer a fondo las necesidades de la Justicia. La realidad más directa se vive, por ejemplo, en los centenares de juzgados o en las Audiencia Provinciales. Por eso me resultó muy revelador que hace unas semanas y tras el cambio de gobierno, el presidente de un Tribunal Superior de Justicia –para los legos, el responsable de la Justicia en una Comunidad Autónoma– me dijese que el Ministerio cesante había sido el más nefasto que había conocido. Y llevaba más de diez años en el cargo.

Le pregunté la razón de tan severo juicio y me expuso cómo ese Ministerio había demostrado que ignoraba qué es la Justicia y cuáles sus necesidades: era la puntilla para un Ministerio que para mi estaba desahuciado tras la reacción de su titular a la sentencia de la Manada. Ese juicio venía de quien a diario vive las necesidades judiciales y que constataba las consecuencias de la reforma iniciada en 2001, con aquel famoso Pacto para la Reforma de la Justicia del que critiqué que alterase una idea básica: que el sistema judicial debería estar concebido para que los jueces puedan cumplir el mandato constitucional de administrar Justicia. Algo de Perogrullo.

A qué ha llevado esa reforma quizás lo resuma –y ojo al dato– la rebelión (¡) de algunos letrados de la Administración de Justicia –léase, secretarios judiciales– contra el presidente de un Tribunal Superior de Justicia por darles órdenes (¡) o que algunos de ellos afirmen que tras esa reforma al juez «sólo» le queda dictar sentencias; total, una minucia. Esto responde a un pensamiento que esos «algunos» que encizaña donde siempre ha habido sensatez, que descoyunta lo que debe ser un tribunal y que concibe el proceso como territorio de conquista corporativa o terapia para crisis de identidad; y un planteamiento con el que el poder político gubernamentaliza la Justicia, ninguneando sigilosamente el principio de separación de poderes. En fin, lo nuestro será una minucia para esos «algunos», pero bien que pesa esa en la cartera con la que volvemos a casa; otros, que no están para minucias, vuelven con las manos en los bolsillos.

Y en medio de este desnortamiento llega el nuevo equipo ministerial. Supongo que habrá que esperar a que, como es costumbre, la nueva titular de Justicia comparezca en el Parlamento para exponer su programa, pero un gobierno gestado bajo el lema de «sujétame esto mientras cobro», léase «mientras convoco elecciones», intuyo que poco programa puede ofrecer salvo que presente por tal un improvisado acopio de ideas varias, quizás aliñadas a base de términos como «agilización», «transparencia», «modernización», «eficacia» y otros al uso en la retórica ministerial; y sin dejar de suponer, supongo que si tiene peso político estará al menos atento a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Quizás esto explique el peso de lo ideológico, porque si nos orientamos por recientes declaraciones sus prioridades van por la justicia universal, la Memoria histórica o, coincidiendo con el anterior equipo, catequizar a la Judicatura en el credo del feminismo de género con «reformas mentales». Ah, y el suicidio asistido. Como se ve, temas demandados con urgencia por ciudadanos, abogados, procuradores, jueces, fiscales, letrados judiciales, funcionarios y cualquiera que a diario pise un juzgado o tribunal.

La historia se repite porque habrá que recordar que en 1982 el socialismo debutó en la democracia como gobierno enterrando el pacto constitucional en lo que a la Justicia se refiere, y optó por subordinarla al estamento político con olvido de que la exigible de la Constitución necesitaba una radical modernización. La ideología y el interés político, lo primero; lo otro puede esperar, una espera que dura ya cuarenta años. En fin, intuyo que lo que queda de legislatura da para poco y quede en minutos basura en términos del inaplazable acometimiento de las necesidades de la Justicia. Total, otra minucia.