No sólo cheque bachillerato: por un amplio cheque escolar

Juan Rallo

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, anunció este viernes en el Debate sobre el estado de la Región que su Ejecutivo planea implantar progresivamente un «cheque bachillerato» para que las familias madrileñas puedan costearse los estudios de enseñanza secundaria post-obligatoria en aquellos centros concertados que ellas mismas escojan. O dicho de otro modo, se trata de una medida dirigida a introducir competencia entre los institutos públicos y concertados y a respetar la libertad de elección de los padres en relación con la educación que deben recibir sus hijos. La idea de crear un cheque educativo que cada familia pueda administrar en interés de los menores no es una ocurrencia del gobierno madrileño. Fue impulsada originalmente por el Premio Nobel de Economía, Milton Friedman; abrazada posteriormente por gran parte del movimiento político liberal en EE UU; y defendida a día de hoy por la propia secretaria de Educación republicana, Betsy DeVos. La medida es tan sencilla de implantar como otorgarle anualmente a cada unidad familiar con hijos en edad escolar un «vale» por un determinado importe (por ejemplo, 5.000 euros) que sólo pueda ser gastado en sufragar la matrícula de aquel centro seleccionado por los padres.

En contra de lo que podría parecer, semejante política no tiene por qué incrementar necesariamente el gasto educativo: a la postre, si un estudiante tenía pensado matricularse en un centro público pero, gracias al «cheque bachillerato», puede ahora matricularse en un centro concertado, lo único que debería suceder es que los fondos que la administración pensaba destinar a costear esa plaza dentro de un instituto público ahora pasen a utilizarse para financiar el coste de la plaza en el instituto concertado escogido. O dicho con otras palabras: una condición clave para que el cheque educativo no suponga un estallido del gasto público es que se recorten los fondos que reciben aquellos centros públicos que vayan quedándose sin alumnos por mera elección de los padres.

Y, justamente, que la financiación pública no vaya de manera automática a un instituto público sino a aquella institución, pública o privada, que resulte electa por los tutores legales del estudiante es lo que garantiza que los centros estatales se sientan presionados a mejorar continuamente su calidad frente a la competencia que procede de los concertados: si no son capaces de retener a sus alumnos, se quedarán no sólo sin ellos, sino también sin el dinero que el gobierno les paga –vía presupuestos– por ellos. La experiencia demuestra que si el cheque escolar no sirve para presionar a los centros públicos con una menor financiación, su eficacia queda limitada. En definitiva, el cheque bachillerato propuesto por Garrido es un mecanismo acertado para mejorar la calidad de la enseñanza. Sin duda, no es la panacea como medida aislada (también es necesario aumentar la autonomía de cada centro y liberalizar los planes de estudio), pero sí constituye un muy buen paso hacia la libertad y la excelencia educativa. Tan es así que acaso lo único criticable del proyecto de Garrido sea que pretenda limitarlo a la enseñanza secundaria post-obligatoria cuando, en realidad, todo el sistema educativo de Madrid debería pasar a organizarse alrededor del cheque escolar. Dejemos a los padres elegir en todas las etapas educativas.