Topar con la Iglesia

Los obispos españoles guardan silencio y observan con curiosidad la visita de la vicepresidenta del Gobierno al Vaticano. Con la llegada de los socialistas al poder ha vuelto la inquietud que se observó en la Iglesia durante el mandado de Zapatero. Las relaciones con el Estado vuelven a ser tirantes. La visión católica choca de lleno con la política laicista y la ideología de género que promueve el Gobierno socialista, con el respaldo entusiasta de Podemos y los medios de comunicación comprometidos con la izquierda. El recuerdo del Frente Popular, que llevó a cabo la más espantosa persecución religiosa, de la que la izquierda aún no ha pedido perdón, que motivó en gran manera el alzamiento del 36 y que derivó en el nacional-catolicismo, vuelve a estar presente en la memoria colectiva y, desde luego, en la memoria eclesiástica y en su martirologio. Pocos temen que se repita la historia, pero el ambiente político que vivimos no es precisamente tranquilizador.

Con el anterior Gobierno socialista los dos asuntos que más inquietaron a la Iglesia fueron la aprobación del matrimonio homosexual y la nueva ley del aborto. Con Pedro Sánchez es aún peor. La lista de problemas que, sin duda, han estado sobre la mesa en el discreto encuentro de Carmen Calvo y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, es abultada: desde el diabólico compromiso de la exhumación de Franco, en que se pretende meter a la Iglesia, hasta la legalización de la eutanasia, pasando por las limitaciones al estudio de la Religión en la escuela, la desamortización de bienes eclesiásticos, incluida la mezquita-catedral de Córdoba, la supresión de los «privilegios» fiscales, la despenalización de la blasfemia y las ofensas a la religión y, culminándolo todo, la amenaza de denunciar el Concordato entre el Estado y la Santa Sede. De paso se presiona desde los medios de comunicación próximos al Gobierno con una campaña sistemática de desprestigio de la Iglesia española por los lamentables y parece que contados casos de pederastia. Todo vale para arrinconar a la Iglesia en la sacristía y limitar o impedir la proyección social del fenómeno religioso. Cualquier político que defienda los principios católicos y vaya a misa será calificado de «ultra». Y así sucesivamente. Como si se pretendiera descristianizar España, una sospecha siempre latente. La increencia avanza y los obispos guardan silencio, pero, en contra de lo que dijo Alfonso Guerra en su día, la Iglesia no es un tigre de papel.