Justicia

La Justicia en España siempre ha estado bajo sospecha. Tiene fama, desde Cervantes, de hacer más caso a las dádivas del rico que a las súplicas del pobre. Él lo sabía bien porque lo sufrió en su propia carne y hasta le mando a dar con sus huesos en la cárcel. Así que el penoso tejemaneje del Tribunal Supremo estos días sobre el impuesto de las hipotecas, si lo paga el banco o el consumidor, no ha hecho más que incendiar la calle y fomentar en el personal la atávica desconfianza en los tribunales. La fulminante rectificación del Gobierno exigiendo autocrítica al alto tribunal ha sido como echar leña al fuego. De ahí a cuestionar el estado de derecho por los enemigos de España, fuera y dentro, y por los partidarios de destruir el actual sistema democrático, no hay más que un paso. No olvidemos que la Justicia se hace en nombre del Rey. Además, llueve sobre mojado. Justo cuando el tribunal de Estrasburgo ha cuestionado el proceso a Otegui y sus compañeros terroristas y cuando jueces de Alemania y Bélgica rechazan los argumentos de la Justicia española para entregar a los políticos catalanes fugados, acusados de gravísimos delitos.

El penoso incidente sucede, además, en un momento delicado de la vida nacional, cuando los magistrados del Tribunal Supremo se disponen a abrir el juicio oral en el histórico proceso contra los dirigentes políticos catalanes, acusados de quebrantar el orden constitucional, que será seguido con inusitado interés por la opinión pública internacional. La firmeza de los jueces va a ser puesta a prueba. Se verán rodeados desde ahora de estrépito y desprestigio. Las razones políticas, sutilmente aireadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y groseramente puestas de manifiesto en el dictamen de la Abogacía del Estado, pretenden minimizar las condenas de los presuntos delincuentes para preservar la alianza de los socialistas con Podemos y con los soberanistas catalanes y vascos, en un ambicioso proyecto político con proyección de futuro y que viene del pasado. Se busca debilitar el prestigio del Alto Tribunal, aprovechando las torpezas de alguno de sus magistrados y las legítimas discrepancias internas en torno a la interpretación de una ley de fuerte contenido social. Esto favorece los planes inmediatos de este Gobierno y de sus socios, pero socava el funcionamiento del estado de derecho y la convivencia democrática de los españoles. El asunto es serio. Sin Justicia no hay libertad y sin confianza en una Justicia independiente no hay estado de derecho que valga.