El doctor Sánchez y la corrupción

Según parece, en el universo de la política, el asunto de la corrupción sólo sirve para abatir gobiernos. Echarle la culpa al gobernante de turno cuando se descubre que alguno de su partido ha metido la cuchara donde no debía, forrándose de paso el bolsillo, ha sido en España un ejercicio harto frecuente en los últimos tiempos, hasta el punto de haber monopolizado el debate político. Ello tenía la gran ventaja de desviar la atención de la opinión pública con respecto a otros temas, especialmente para quienes no tenían propuesta alguna para resolverlos. El ejemplo del doctor Sánchez es paradigmático: llegó al poder agitando una sentencia espuria sobre el caso Gürtel y sin exhibir programa alguno en el Congreso. Y después, nada de lo que consideraba verdaderamente importante –como lo de Franco, la reforma laboral, lo de Cataluña o lo del presupuesto– ha sido resuelto. Y por supuesto, tampoco ha anotado en su haber avance alguno referido a la erradicación de la corrupción. Esto último lo acaba de destacar, no sin cierta pesadumbre, Transparencia Internacional al presentar la última edición del Índice de Percepción de la Corrupción. Según sus números, España sigue ocupando una posición mediocre dentro del panorama internacional, muy por debajo de la que le correspondería por su nivel económico. Y lo malo es que, después del retroceso de los últimos años, el doctor Sánchez no ha hecho nada por corregir esa trayectoria. Los portavoces de Transparencia no se recatan en denunciarlo: «El nuevo gobierno no ha realizado cambios en la política anticorrupción; la prometida regeneración democrática no parece estar entre sus prioridades». Claro que, desde mi punto de vista, es cuestionable que los socialistas prometieran tal regeneración, pues su discurso no fue más allá de denostar lo que hacían los demás sin percatarse de que también tenían lo suyo. El asunto de la corrupción es paradójico, pues la mayor parte de la gente lo destaca no porque defienda unos valores morales, sino porque le va mal y tiene que echarle la culpa a alguien. Además, a la corrupción se le atribuye un coste social desorbitado que se ha cuantificado en cerca de los 40.000 millones anuales, cuando en realidad lo que se han llevado los corruptos no excede de los 350 millones por año según los expedientes judiciales. Y para colmo, resulta que todos los estudios disponibles muestran que los corruptos no son sancionados apenas por los electores. Por eso no me extraña que el doctor Sánchez se haya olvidado del tema. Tenía razón Leonardo Sciascia: «Vivimos rodeados de porquería y lo que vemos no nos lleva a ninguna salida del pesimismo».