El proceso

Falta una semana para que se abra en el Tribunal Supremo el gran proceso contra los políticos catalanes que intentaron quebrar el orden constitucional. Y se cumplen 37 años justos del juicio de Campamento contra los golpistas del 23-F. Yo estuve allí. Era una mañana fría de febrero de 1982. Impresionaba el barracón iluminado. El consejo de guerra tenía lugar en un almacén habilitado del Servicio Geográfico del Ejército, un moderno acuartelamiento a las afueras de Madrid. El aire castrense guardaba las distancias y dejaba los debidos espacios de respeto. Las tres filas de los 32 jefes militares procesados, sentados en sillas tapizadas, estaban protegidas por cristales antibalas. Los golpistas se sentaban de espaldas a la prensa y al público. El sumario ocupaba 15.000 folios. Nadie protestaba contra el procesamiento ni en la puerta ni en la calle. A ningún político se le ocurrió sugerir la conveniencia de un indulto, ni antes ni cuando se conocieron las fuertes condenas. Con aquel castigo ejemplar se acabaron las tentaciones golpistas en los cuarteles.

Asistiremos, a partir de la próxima semana, al enjuiciamiento, con todas las garantías procesales, del segundo intento de romper la convivencia democrática en España desde la aprobación de la Constitución. Han sido los dos principales sobresaltos políticos en cuarenta años. En el primer caso quisieron cargarse el sistema por la fuerza de las armas –tanques en la calle y disparos de unos guardias desarrapados al techo del Congreso, secuestrando al Gobierno dentro–, pero el disparatado intento golpista duró sólo unas horas y no hubo ni un herido. En el caso de los políticos catalanes han pretendido cargarse el sistema por la fuerza de las masas, bajo la incitación y la conducción de las autoridades autonómicas. Desde el propio Parlament han pretendido acabar con la Constitución y el Estatuto, de los que dimana su legitimidad. Las revueltas catalanas, más o menos pacíficas, han ocasionado algunos heridos y el llamado «procès», que ha alterado gravemente la convivencia en Cataluña y ahuyentado a miles de empresas, lleva años y sigue. Los que a partir de la semana que viene se van a sentar en el banquillo del Tribunal Supremo y sus ruidosos seguidores no parece que hayan renunciado a sus propósitos golpistas.

Analizadas, pues, todas las circunstancias, la insurrección de los políticos catalanes se antoja más peligrosa y difícil de sofocar que la conspiración de aquellos militares que se sentaron en las sillas tapizadas de la sala de Campamento hace 37 años en otra fría mañana de febrero.