«Okupas»

Acabo de leer la sentencia del Tribunal Constitucional que confirma la reforma legal frente a la ocupación ilegal de viviendas; los «okupas», para entendernos. La sentencia es clara, en especial cuando recuerda que esa nueva ley permite echarlos con todas las garantías procesales que la doctrina del Tribunal exige para los procedimientos sumarios. Pero no menos clara lo es al rechazar que, por echarlo, se viola el derecho del «okupa» a una vivienda digna y adecuada, y sobre todo cuando recuerda que la reforma tampoco viola el derecho fundamental –de nuevo del «okupa»– a la inviolabilidad del domicilio, máxime porque poco fundamento tiene alegarlo cuando antes, el «okupa», ha pisoteado ese mismo derecho: el del propietario de la vivienda.

No sé si recordarán que esta ley la promovió el PDeCAT y la apoyaron el PP, Ciudadanos y el PNV. Como se ve los independentistas, antaño nacionalistas, fuera de su particular patología tienen episodios de manifiesta sensatez. Y se opusieron en estrecha camaradería Izquierda Unida, Podemos, más Esquerra Republicana y el PSOE, empeñado en no faltar en los potajes políticos más indigestos de los últimos cien años. En la Justicia damos fe de ello porque lo venimos viviendo desde 1985.

Que el universo del radicalismo populista votase en contra de esta reforma guarda coherencia con su ideología totalitaria, colectivista; pero en osadía les llevó hasta el Tribunal Constitucional para plantear cosas que quedan y se enjuician, no como la palabra parlamentaria que se la lleva el viento aunque quede en el Diario de sesiones. Va de suyo que todos esos integrantes del populismo colectivista se mueven por imperativos ideológicos, en este caso contra la propiedad privada, y poco les importan los problemas habitacionales de hipotéticos o presuntos menesterosos, y me abstengo de hacer sangre sobre la hipocresía habitacional de alguno de sus líderes. Pero, insisto, lo que es una desfachatez, una osadía, es que sostuvieran que quien allana una vivienda ajena no puede ser desalojado porque tiene derecho a la inviolabilidad de ese domicilio que ha usurpado, o que no se le puede rechistar porque tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, eso sí, ajena.

El Tribunal Constitucional sin hacer grandes innovaciones –en realidad, ni grandes ni pequeñas, sino que recuerda un acervo doctrinal consolidado– liquida el peligro de ese ataque a la propiedad privada, y lo hace desbaratando jurídicamente un mejunje argumentativo en el que sus promotores tuvieron a bien mezclar a la mismísima ONU; y no puedo dejar de resaltar lo que es un planteamiento cargado de hipocresía: tras oponerse a que se trate a la okupación como delito –eso es represión, decían; la vía penal es la ultima ratio, sostenían los más moderados–, sin embargo cuando se pone en marcha un sistema eficaz de tutela civil, también se intenta boicotear, de lo que se deduce que lo que quieren es que la propiedad privada no tenga tutela alguna, ni penal ni civil.

En fin, se ha impuesto la lógica natural, también la lógica jurídica, y cuando ambas confluyen y remansan, estamos ante eso que llamamos sensatez. Por eso no está de más tomar conciencia de que si esto es así es porque frente a las frivolidades a las que tal acostumbrados nos tienen los partidos tenemos unas instituciones que muestran que al final el Estado, pese a todos los pesares –y hay mucho pesar– , acaba funcionando, en este caso recordando jurídicamente que la propiedad privada no es un abuso o privilegio burgués, sino algo en lo que están muy concernidas la dignidad y libertad de las personas.

De todo esto hemos tenido más ejemplos recientes. Que haya una Junta Electoral garantiza una campaña electoral limpia frente a los excesos partidistas; que el Banco de España avise, una vez más, que se atisba una recesión es garantía de que hay una voz neutral que no se calla: otra cosa será que quien debiera actuar opte por una irresponsable pasividad; o que ante el Tribunal Supremo se siga el juicio al «procès» pese que políticamente no le convenga a algunos partidos. En fin, hasta con la presencia del buque insignia de la Armada en Guecho se ha mostrado que el Estado existe.