Por la revolución de verdad

Tirano es, según Rousseau, aquel que “gobierna con violencia y sin respeto a la justicia ni a las leyes”; y cuando su autoridad es además ilegítima, el término se convierte en sinónimo de usurpador. Desde que la sociedad moderna asumió la capacidad de dirigir sus propios destinos, nadie niega la potestad que ella tiene para llamar a la revolución, derrocar la tiranía y restituir el imperio de la justicia y del respeto a las libertades fundamentales.

Lo ocurrido en Venezuela durante estos últimos 20 años ha servido para demostrar al mundo que la revolución no es aquella que el chavismo ha pretendido vender a través de una propaganda falaz y demagógica, sino, bien al contrario, la que es imprescindible convocar si se desea librar a los venezolanos de la tiranía depredadora que ha quebrado al país, que ha provocado un éxodo sin precedentes, y que ha generado la crisis humanitaria (alimentaria, sanitaria, asistencial, energética, educativa...) más devastadora de América Latina.

Luchando contra unos poderes usurpadores y arbitrarios (como la improvisada Asamblea Constituyente, o unos organismos judiciales y electorales siempre dispuestos al fraude y a perseguir a los adversarios de Maduro), Juan Guaidó ha dirigido la resistencia de unas instituciones constitucionales, legítimas y plurales que toda la comunidad internacional no ha podido por menos que reconocer. Las credenciales democráticas de su lucha son incontestables, porque son también las de esa nación que paga con hambre y con sangre el brutal empeño de los chavistas por aferrarse al poder.

Con todas las armas vueltas hacia ella, sin facción militar ni paramilitar al servicio de su causa, la razón que en buen y democrático derecho asiste a la oposición venezolana no ha bastado hasta ahora para llevarla al ejercicio de un mando que no sólo le corresponde, sino que es vital para sacar al país del caos en el que se descompone. También, por cierto, para reconducirlo a un urgente camino de reconciliación, como el que ha buscado impulsar el discurso de Guaidó y la ley de amnistía aprobada el pasado mes de enero por la Asamblea Nacional para los funcionarios civiles y militares que colaboren en la restitución del orden constitucional en Venezuela. Hoy, la retirada del apoyo de las Fuerzas Armadas a la tiranía de Nicolás Maduro –y su consecuente compromiso de no reprimir a los venezolanos, y de defenderlos contra la violencia pistolera y el sicariato chavista– representa desde luego un imperativo moral y constitucional ante el escenario de catástrofe que vive el país sudamericano; pero es, además, la única vía para regenerar una institución militar convertida por el régimen en cártel del narcotráfico y en brazo ejecutor de la mafia dirigida por ese auténtico patrón del mal que es Diosdado Cabello.