López Obrador, el guardián del muro de Trump

La bipolar política migratoria de AMLO: De las puertas abiertas a la detención de niños

México sigue inmerso en una gravísima crisis migratoria que está gestionando de forma bipolar. Dos imágenes contradictorias ilustran la situación. El 17 de enero los funcionarios de migración recibían con los brazos abiertos a un numeroso grupo de centroamericanos en la frontera con Guatemala y les colocaban una pulsera que daba permiso a transitar libremente por el país. Apenas tres meses después, agentes del mismo Instituto Nacional de Migración (INM), junto a policías federales, detenían en Chiapas a centenares de hondureños -niños incluidos- y entre carreras y forcejeos les obligaban a regresar a las centrales migratorias; para muchos el paso previo a la deportación. ¿A qué se debe un viraje tan radical en solo tres meses?

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México desde el 1 de diciembre, había prometido un trato humanitario para los migrantes a su paso por México. Un plan inédito que incluía permisos de tránsito y de trabajo que se puso en marcha con la gran caravana de migrantes que llegó en enero. Se entregaron 13.000 visas humanitarias en pocos días y se facilitó el paso a lo largo del país. Los migrantes, en su mayoría centroamericanos, gritaban “¡Viva México!” agradecidos por el trato de autoridades y población, que ayudaba con alimentos y transporte en todo tipo de vehículos.

La migración de centroamericanos hacia Estados Unidos a través de México existe desde hace décadas y siempre ha acarreado muchos peligros, agravados por la actuación de las autoridades mexicanas, que históricamente han dificultado el paso y han obligado a los migrantes a viajar en la clandestinidad. Quedaban así más expuestos al crimen organizado y a transportes inseguros como “La Bestia”, el tren de mercancías que cruza de sur a norte en cuyo techo han viajado miles de ellos.

La postura de López Obrador, por tanto, ha atraído a muchos hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que tratan de escapar de la extrema violencia de las pandillas y de las nulas perspectivas económicas. Hombres y mujeres, familias con niños pequeños, que en su mayoría quieren llegar a Estados Unidos, donde saben que los sueldos son más altos y donde muchos tienen algún familiar.

Brenda Ochoa trabaja en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías que opera en la ciudad de Tapachula, uno de los núcleos de gestión migratoria en México a pocos kilómetros de la frontera sur. Por este lugar pasa parte del flujo migratorio y la activista, en declaraciones a La Razón, pone cifras que ayudan a entender. A lo largo de todo el año 2018 atendieron a 5.500 personas y solo en el primer trimestre de 2019 ya ha pasado por allí el mismo número.

Aunque los datos oficiales de la Secretaría de Gobernación (Interior) no reflejan un aumento de detenciones y deportaciones respecto a 2018, sí muestran la tendencia que ha seguido el gobierno. Cada mes más detenciones y más deportaciones. Si en enero detuvieron apenas a 8.542 migrantes y deportaron a 5.585, en marzo las cifras aumentaron hasta 12.887 detenidos y 9.120 devueltos.

“López Obrador no tuvo en cuenta que su política receptiva tendría como consecuencia un aumento del flujo de migrantes de tal magnitud”. Así lo expresa Rodolfo Casillas, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO. Tampoco contempló, según el académico, que el flujo laboral de centroamericanos hacia Estados Unidos se incrementa cada año del mes de enero en adelante, ni tampoco la creciente presencia de migrantes asiáticos y africanos, que ha aumentado notablemente en los últimos años. “El Gobierno mexicano no consideró que esta situación, elevada a niveles que no se habían previsto, iba a dar elementos de ataque a (el presidente estadounidense) Donald Trump”.

El líder republicano endureció su discurso contra México a medida que las caravanas de migrantes se iban acercando a Estados Unidos y crecía la presión en la frontera norte. La saturación de los albergues, especialmente en el área de Tijuana, y los mensajes antimigrantes de autoridades como el alcalde de esta ciudad, comenzaron a deteriorar la imagen pública que las caravanas habían mantenido hasta el momento. Lo que antes era solidaridad se convirtió en rechazo y manifestaciones xenófobas al grito de “hondureños fuera”. 

Fue a partir de entonces cuando las cosas empezaron a cambiar y los procesos de registro y entrega de documentos a migrantes se volvieron más lentos. El motivo es diferente según a quién se pregunte. Para el académico Casillas la saturación de algunas oficinas fue provocada por la propia autoridad para desalentar tanto a los que esperaban un permiso como a los que podrían llegar en el futuro. “El proceso se podría hacer más rápido, con oficinas escalonadas en la franja sur del país y con formularios preestablecidos, pero eso tendría una implicación internacional que México quiere evitar”.

Por el contrario, las fuentes del INM consultadas por este medio reconocen que los plazos se fueron dilatando, pero lo achacan a la dificultad del trabajo sobre el terreno. La caravana que cruzó en enero estaba en un solo punto fronterizo, Ciudad Hidalgo, donde los funcionarios de migración contaban con todos los medios para trabajar, pero más adelante los grupos se fueron separando a varios lugares de Tapachula y Mapastepec, donde tuvieron que improvisar centros de atención, según argumenta una funcionaria. “Los migrantes de las primeras caravanas se apegaron a ese proceso, pero ahora no lo están haciendo, quieren seguir avanzando sin regular su situación”.

La saturación provocó incidentes en una oficina de regulación migratoria en Tapachula, donde inmigrantes cubanos y haitianos generaron destrozos, impacientes por conseguir salvoconductos para cruzar el país. Brenda Ochoa pide no criminalizar a estas personas y entender la situación límite en la que se encuentran, “hacinados, sin espacio, en condiciones insalubres y sin información sobre cuánto tiempo va a tardar el trámite… Condiciones en las que se pierde la confianza en la autoridad”, denuncia.

El INM es una institución señalada desde hace años por defensores de derechos humanos como Marta Sánchez Soler de Movimiento Migrante Mesoamericano, quien denuncia “las mafias históricas que han hecho negocios con el transporte de migrantes” al interior del instituto. Tonatiuh Guillén, máximo responsable del organismo desde que López Obrador llegó al poder, ha reconocido la problemática y por el momento ha apartado a 450 trabajadores sospechosos. “No negamos que haya ocurrido pero estamos tomando medidas”, afirman desde el INM.

Según Sánchez Soler, lo que ocurre en el interior del INM lo achaca a la curva de aprendizaje en un tema complejo “que ha incrementado mucho y se ha hecho muy visible con las caravanas”, dice a este diario. También piensa que las presiones de Estados Unidos han sido decisivas en el freno a los migrantes debido a la dependencia económica y la numerosa migración mexicana en ese país; una carta que ha utilizado históricamente para presionar a México. Sea por una razón u otra, López Obrador está haciendo el papel que le exige Trump bajo todo tipo de amenazas. Quizá se ha convertido en el mejor muro que el magnate podía soñar para frenar la emigración, uno de sus puntos fuertes en la campaña electoral que le llevó a la Casa Blanca.

A pesar de todo, Soler no cree que el Gobierno mexicano haya dado un viraje en su política migratoria, sino que aún no ha podido hacer realidad sus promesas de trabajo. “La oferta real de empleo todavía no la estamos viendo y mientras sigue el flujo al norte, pero los migrantes deben percatarse de que ir a Estados Unidos no es la mejor opción y al menos los que no tienen familia allí deben aprovechar las oportunidades que México les va a dar”.

La próxima semana se conocerán más detalles de esas oportunidades cuando López Obrador presente el Plan de Desarrollo para México y Centroamérica, que involucra a Estados Unidos, Guatemala, Honduras y El Salvador, principalmente. Debería ser un punto de inflexión que fije el rumbo de una política migratoria hasta el momento errática.

La idea del Ejecutivo mexicano es generar un polo de desarrollo en el sur de México y en el triángulo norte de Centroamérica que genere mejores condiciones de vida y frene la salida de población. AMLO quiere que Donald Trump invierta 4.800 millones de pesos (225 millones de euros) en esta iniciativa y a cambio hizo una concesión mayor: accedió hace unos meses a que los aspirantes a recibir asilo en Estados Unidos esperasen la resolución del trámite en territorio mexicano, una decisión sin precedentes que muchos en México calificaron de entreguista.

Brenda Ochoa, conocedora de los motivos que empujan a los migrantes a abandonar su casa, advierte de los efectos limitados de este plan si únicamente se centra en lo económico y no tiene en cuenta la violencia estructural en la región, no fortalece el sistema político ni el acceso a derechos y garantías. “No vemos que pueda provocar un giro drástico, las personas van a seguir saliendo de sus países, van a seguir huyendo”.