Legítima defensa y otras cuestiones

Me ha recordado el episodio del ensañamiento. ¿Se acuerdan de la escandalera de hace unos años?: un tribunal no aplicó la agravante de ensañamiento a un asesino que propinó decenas de puñaladas a la víctima. La cuestión era que si tal agravante consiste en aumentar inhumana y deliberadamente el dolor de la víctima, poco aumento hubo si estaba probado que la primera puñalada resultó fatal: la idea coloquial y jurídica de ensañamiento no coincidían. Pues algo parecido ocurre con la legítima defensa y la actuación del joven Borja que tanto ha dado de qué hablar estos días: de poco sirve explicar en qué consiste y por qué no se le aplicó. Bastaría leer las sentencias, pero eso haría perder la oportunidad de atacar un poco más a la Justicia o de marcarse un tanto algunos políticos empeñados en confundir la política con una película de Steven Seagal.

Llevamos diez días que es un no parar; es más, criticar a la Justicia hermana a partidos y medios de todo color. Hace años cuando empezó a aflorar la corrupción y el crimen de Estado no era una cosa de novela, el partido en el poder que lo protagonizaba captó que deslegitimar a la Justicia ante la opinión pública convenía, centraba la atención en los jueces y no en sus tropelías. La crítica se hizo así cotidiana, año tras año, y quizás ahí este buena parte de la explicación de la mala imagen de la Justicia.

Con esa táctica ese partido ha creado escuela. Ahí tenemos ahora a un diario moderado y monárquico de toda la vida, comprándole a esa izquierda empeñada en someter a la Justicia al control político su argumentario, su coartada preferida: que los jueces estamos incontrolados porque es un escándalo que de los cinco mil y pico que somos sólo unos pocos sean sancionados; vamos, que tras la mafia somos casi un grupo criminógeno de primer orden: no entra en sus esquemas que haya honradez. Por cierto, no he leído en esa prensa tan dada a exaltar, por ejemplo, la abnegación de las distintas fuerzas policiales, reflexión alguna sobre los graves delitos –no meras infracciones disciplinarias– descubiertos en ese ámbito y que han sido noticia también en estos días.

O es el caso de un afamado periodista, antiguo director de un periódico nacional desde el que fue azote implacable contra la corrupción y los abusos del poder. Afirma ahora que los jueces que han suspendido la moratoria de multas de Madrid Central son un peligro para la democracia, que sin que nadie les haya elegido establecen las prioridades de los gobiernos democráticos. ¿Habrá que explicarle cuál es nuestra legitimación o, metidos ya en honduras procesales, qué son las medidas cautelares o en qué consiste el control jurídico de las administraciones? En definitiva, lo que es el Estado de Derecho. Lo inquietante es que estamos ante un virus que se extiende y que esa otra idea también la ha planteado y pretextado una izquierda empeñada en ostentar un poder libre de todo control.

Sigamos con la crónica de las últimas semanas. Ahora es la prensa más radical atribuyéndonos a los jueces connivencia con la derecha recalcitrante porque el Tribunal de Cuentas exculpa a la exalcadesa Ana Botella por la venta de viviendas sociales a un fondo buitre. ¿Servirá de algo recordar que ese órgano se denominará «tribunal» pero que no tiene nada que ver con la Justicia sino que depende de las Cortes Generales?; ¿o habrá que ponerle al líder de Izquierda Unida –otro que critica sin saber– como tarea de verano que escriba mil veces que el Tribunal Constitucional no es Poder Judicial, luego los jueces no hemos anulado la reprobación del Rey por el Parlamento catalán?

Y todo en apenas diez días. Pareceré quejumbroso, no lo niego, pero esa no es la cuestión, sí que tal concentración de crítica no es casual: cuando está próxima una sentencia determinante de la solidez del Estado de Derecho, con la que finalizará un proceso ejemplar, se prepara el terreno para desactivarla a base de descredito preventivo de la Justicia; y otros mientras, desde su torpeza e irresponsabilidad, dando argumentos a los que quieren hundir el Estado de Derecho.