Interferencias judiciales

Un tema entre nosotros eternamente controvertido se refiere a la tensión entre política y Justicia, o política y jueces o entre alguna de sus variantes y como tema estelar, el de la politización de la Justicia y de ahí el subgénero de judicialización de la política. Siempre he preferido concebir que la tensión de la política no es tanto frente a los jueces o frente a la Justicia, sino frente a la ley: tras esa tensión lo que late es la tendencia del poder, ya sea el político o económico, por huir, soslayar o evitar límites y controles que no representan otra cosa que el Estado de Derecho.

Esa tensión viene de antiguo. Basta leer a nuestros administrativistas decimonónicos para advertir recelo hacia los tribunales. España salía del Antiguo Régimen, de una devastadora Guerra de la Independencia, perdía territorios en ultramar y quedaba sumida en un atraso general. Para su regeneración y el fomento de la prosperidad, esa primera generación de administrativistas reclamaba la necesaria eficacia de la acción administrativa, un anhelo que se topaba con lo que consideraba era el entorpecimiento de unos jueces anclados en el Antiguo Régimen, insensibles aplicadores de unas leyes que llevaban a un legalismo paralizante. Legalidad frente a eficacia, un tema eterno.

La evolución posterior tiene su historia y feliz desarrollo –no hay espacio siquiera para incoarla–, pero me quedo con el dato de que la tensión a la que aludo quedó sustancialmente encarrilada a partir de la reforma administrativa iniciada en la década de los cincuenta del pasado siglo y de cuya herencia somos tributarios. España se dotó de una legislación y de una justicia capaz de compaginar esa acción administrativa necesitada de eficacia con un sistema jurídico garante y que permitía un control al menos jurídico –que no es poco– del poder. Esa Justicia administrativa ha estado acostumbrada a «dialogar» en Derecho con el ejercicio del poder y ha sabido centrarse en juicios de legalidad, no de oportunidad.

Sin embargo, a partir de la Transición, aparece un elemento que incide en la convivencia entre política y Derecho. Fue el terrorismo de Estado y la corrupción lo que ha dado el protagonismo a los tribunales penales, y lo que ha llevado a no pocos a pretextar una interferencia judicial en la política. Resurgía así aquel prejuicio decimonónico, pero con un matiz: el juez penal no juzga el ejercicio del poder sino a quien lo ejerce.

Los tribunales penales no han sido insensibles a esa posible interferencia. Vaya como muestra –humilde, pero significativa– la práctica de suspender en tiempo electoral la celebración de juicios seguidos a políticos, para evitar malentendidos; y al revés, ahí está el rechazo a aquella indecente invitación lanzada desde el poder y sus terminales para que la Justicia no interfiriese los contactos del entonces gobierno con los etarras. Una cosa es respetar la acción política y otra la infamia.

Que la Justicia actúa al margen de cómo condicione la acción política lo vemos también fuera de nuestras fronteras. Ahí están las contradicciones judiciales de la administración norteamericana al aplicar su política inmigratoria; o sin ir muy lejos ni en el tiempo ni en el mapa, la crisis del Open Arms, en cuya resolución han sido determinantes las medidas cautelares de un tribunal administrativo italiano que obligaba a desembarcar a los «rescatados», lo que propició la acción de su Fiscalía, crisis en cuya resolución ha sido determinante la acción de los tribunales.

Próximamente conoceremos lo que, sin hipérbole, será la decisión judicial más relevante en nuestra reciente historia política, la sentencia del procés. Concluirá así un episodio que mostrará cómo la Justicia ha cumplido su cometido constitucional aunque incida en las estrategias políticas. Las consecuencias políticas serán las que sean, pero lo relevante es que, fiel a ese cometido, dirá lo que tenga que decir al margen de los tiempos e intereses políticos y lo dirá con razones jurídicas contrastables. La Justicia habrá mostrado su madurez y que sabe cual es su lugar. Habrá quien no lo entienda así o lo entienda pero quiera manipular por inmadurez, irresponsabilidad o malicia, en todo caso algo que evidenciaría que a estas alturas algunos no han metabolizado lo que es el Estado de Derecho.