¿Y quién defiende el régimen?

Sin ánimo de ser agorero, ni de arrogar aviesas intenciones a quienes disponen de algo tan democrático como puede ser una suma aritmética en ciernes, se me ocurren algunas dudas acerca de la fortaleza de un sistema –no le llamaré régimen– que tiene al Parlamento y a la división de poderes como garantes de su razón de ser. De entrada, lo de dar carta de normalidad a una pretendida mesa de partidos, al margen del Parlamento que ya acoge la representación legítima de todos ellos a través de la voluntad popular, como mínimo resulta inquietante, máxime cuando hablamos de buscar soluciones a un problema que, como el catalán, concierne no a dos millones de independentistas sino a cuarenta y cinco millones de españoles restantes. Difícilmente se entiende, salvo que pretenda descafeinarse el sagrado papel del poder legislativo en una democracia, que el principal problema hoy encarado por el estado haya de solventarse en foros al margen de un Parlamento constituido. Foros que como la mesa de partidos propuesta por el independentismo no va contar más que con la presencia de los interesados en un trágala por el que no pasará el grueso del constitucionalismo. Cabe preguntarse, por lo tanto, si se saca del Congreso o del Senado un tema de este calado, ¿dónde está la garantía de que otras cuestiones de interés nacional no corran el mismo destino de acuerdo con la conveniencia puntual del gobierno y de sus socios? ¿Por qué no las pensiones, la inmigración o el sistema educativo?
No parece la formula negociadora elegida entre gobierno e independentismo el mejor de los escenarios para la salvaguarda del régimen constitucional, máxime en un contexto en el que nos encontramos con un Parlamento en el que una tercera parte de diputados no se caracteriza por su decidida defensa de la Carta Magna y en el que la antítesis de un estado sólido se refleja con la presencia inédita de dieciséis partidos, gran parte de los cuales solo obedecen a reivindicaciones localistas. Surge otra pregunta: ¿dependerá –más allá del nacionalismo catalán y vasco– de «Teruel existe» o de los regionalistas cántabros la gobernabilidad y bienestar de los territorios donde solo hay partidos nacionales…o habrán estos también de apuntarse a sus particulares «Extremadura unida» o «Partido regionalista del Bierzo»?
Ergo, no hay razones para pensar que no está en cuestión el espíritu de concordia que nos dimos hace 41 años y que es calificado por el futuro vicepresidente del Gobierno como «régimen del 78». Tampoco las hay cuando sobrevuelan un condenado por sedición y las marionetas de un fugado de la Justicia como probables interlocutores del gobierno del Estado. Pero, claro, todo emana de parámetros muy «legítimos», empezando por el hecho de que a unos cuantos miles de afiliados que pagan sus cuotas se les arroga nada menos que la última palabra a propósito de la manera de pilotar el futuro de 47 millones de ciudadanos. Pues igual hay que preocuparse.