Pedro Sánchez, sin líneas rojas

Una vez que ha quedado claro, al menos para el bloque de la izquierda, que la llave de la investidura del candidato socialista está exclusivamente en manos de ERC, puede afirmarse sin temor a error que Pedro Sánchez ya ha renunciado a las líneas rojas que él mismo había trazado durante la campaña electoral.

Que, ayer, en la mesa de negociación, un ministro de un Gobierno español, por muy en funciones que se encuentre, admitiera como interlocutor a Josep María Jové, que no fue sólo uno de los máximos impulsores del golpe separatista en Cataluña, sino que está imputado por el TSJC por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos, desobediencia grave y revelación de secretos, es la mejor argumentación de lo que decimos y hace que pasen a segundo plano otras novedades, como la adaptación del lenguaje socialista a la terminología del nacionalismo catalán –ya no estaríamos ante un problema de convivencia en Cataluña, sino enfrentados a un «conflicto político» que es preciso superar– o la reaparición en algunos medios del Principado de la palabra «amnistía», fórmula política que está expresamente prohibida en nuestra Constitución.

Se nos dirá, y es cierto, que el PSOE se mantiene firme en el rechazo al llamado derecho de autodeterminación, pero, sin duda, no irán por esos derroteros las demandas finales de ERC, cuyos dirigentes son muy conscientes de que ningún gobernante puede transgredir el ordenamiento constitucional sin sufrir las consecuencias. Por el contrario, Oriol Junqueras y compañía sí albergan la esperanza de forzar una legalidad paralela para Cataluña, vía una reforma estatutaria que recoja el hecho nacional y establezca una relación de bilateralidad con el Estado, situación, por descontado, que consideran meramente temporal en su ruta a la independencia. De hecho, los ofrecimientos de conspicuos dirigentes socialistas a los nacionalistas catalanes en el sentido de ampliar las competencias autonómicas de Cataluña son muy preocupantes, sobre todo, en un escenario como el actual de debilidad del Ejecutivo y cuestionamiento de la arquitectura jurídica sobre la que se fundamenta nuestra democracia.

Ayer mismo, otro de los partidos nacionalistas con los que necesariamente tiene que contar el candidato Sánchez, el PNV, votó en el Parlamento de Vitoria a favor de una moción consensuada con Bildu que establece el derecho a la autodeterminación del País Vasco y la anexión de Navarra. Con todo, lo grave no es tanto el acuerdo de investidura que pueda alcanzarse con ERC, que, como ya hemos dicho, sólo depende de los intereses y la estrategia última de la Esquerra –sólo limitada por el riesgo de perder posiciones entre el electorado independentista catalán más radical–, como el día después, cuando el presunto Gobierno de coalición de Pedro Sánchez tenga que aprobar los Presupuestos Generales del Estado y vuelva a depender de los partidos nacionalistas, claro, pero, también, de una miriada de formaciones a la búsqueda de su pedazo en la tarta del gasto público, y no sólo.

El problema es que una vez que se cruzan líneas que se declaraban infranqueables –el propio Pedro Sánchez había asegurado que Bildu nunca podría ser un interlocutor válido para el socialismo español y ahora vemos al PSN negociando con los proetarras– es muy difícil prever la deriva que puede tomar un acuerdo en el que una de las partes tiene más que ganar, como es el caso de ERC, algunas de cuyas pretensiones, si bien simbólicas, podrían poner en jaque la dignidad del Estado. La preocupación entre los ciudadanos es palpable y no en vano se multiplican los manifiestos y las cartas abiertas de experimentados políticos e intelectuales de distintas ideologías que piden un gran acuerdo entre los constitucionalistas.