El discutido dividendo autonómico

Puesto que los asuntos territoriales se han ubicado en el centro de la gobernación de España gracias al empeño del doctor Sánchez para apoyar su investidura en partidos independentistas, conviene reconsiderar el papel de la organización autonómica de España a la solución de sus problemas económicos y políticos. Si empezamos por lo primero, lo más llamativo es el contraste entre las opiniones de los partidos políticos –excepto, ahora, Vox– y los resultados de los estudios académicos sobre la materia. Aquellos han ensalzado el Estado autonómico hasta hacerlo responsable del progreso del país y del bienestar de los españoles. Sin embargo, éstos lo que han mostrado es que no existe ningún dividendo económico de la autonomía, tanto si nos referimos al crecimiento del PIB como si tomamos en consideración las desigualdades interregionales en cuanto a la renta por habitante. La autonomía regional no ha mejorado las cosas en el terreno económico, aunque haya que matizar que tampoco las ha empeorado. Dicho de otra manera, con o sin Comunidades Autónomas, habría pasado lo mismo.

Esta conclusión, que a algunos parecerá tremebunda, nos remite al terreno político para valorar el dividendo autonómico. Aquí las cosas son más sutiles pues dependen de los vaivenes de la opinión pública. Y si nos atenemos a ella –considerando, por ejemplo, los datos sistemáticamente recogidos por el CIS– podemos decir que, al menos hasta el año 2007, el Estado autonómico fue notablemente exitoso, pues una parte creciente de los españoles, hasta rozar el 60 por ciento en esa fecha, era partidaria de mantenerlo. Además, los inclinados al centralismo fueron menguando hasta quedarse en uno de cada diez. Los demás –sobre todo entre catalanes y vascos– querían más autogobierno. Pero después, con la crisis financiera, por una parte, y la escalada independentista, por otra, esa opinión pública dio un vuelco, hasta el punto de que, ya en los primeros años de la década actual, los incondicionales del centralismo llegaron a superar a los que no querían cambiar el statu quo, dejando también atrás a los reclamantes de un autogobierno mayor. Hoy las aguas no han vuelto enteramente a su cauce precedente, aunque los españoles conformes con dejar las cosas como están son los más numerosos. Los centralistas ocupan un segundo plano, pero no están muy lejos de los anteriores, y los del tercer grupo se han anclado en el nivel más bajo desde que empezó esta historia. Por eso, no se entiende bien el empeño social-podemita en apoyarse sobre el independentismo, salvo que el suyo sea un proyecto revolucionario contrario al diseño institucional de 1978, pues no parece que la opinión mayoritaria esté dispuesta a tolerarlo.