El constitucionalismo, obligado a sumar

Si bien no ha supuesto una gran sorpresa el adelanto de las elecciones autonómicas en el País Vasco y Galicia, lo cierto es que son dos movimientos que el centro derecha en general, y el Partido Popular en particular, deben abordar desde planteamientos estratégicos distintos. Nos referimos, por supuesto, a la conveniencia o no de concurrir a las citas electorales con una sola lista que agrupara el voto de Ciudadanos y populares, y con la vista puesta en las próximas elecciones catalanas, también adelantadas, aunque con la fecha aún por determinar.

Vaya por delante que, como siempre hemos defendido desde LA RAZÓN, la fragmentación del voto conservador ha sido uno de los condicionantes que ha llevado a España a este largo período de inestabilidad política, donde un primer Gobierno de marca socialista, aupado en una moción de censura, fue incapaz de aprobar los Presupuestos Generales, y dos convocatorias electorales sucesivas que han desembocado en el actual Ejecutivo de coalición, muy condicionado por la izquierda radical, comunista, y por los partidos separatistas, instalados en la contumacia.

No es de extrañar que el presidente del Gobierno autónomo vasco, Íñigo Urkullu, haya decidido alejar todo lo posible sus comicios regionales de los de Cataluña, sin duda, con el propósito de evitar su contaminación con el radicalismo nacionalista catalán, que, en principio, sólo beneficiaría las posiciones de Bildu. Las últimas elecciones generales, celebradas cuando la crispación por la cuestión catalana dominaba gran parte del discurso público, supuso un fuerte descenso en porcentaje de votos para el PNV, mientras que consolidó a los proetarras. También en el campo de la derecha constitucionalista, las últimas generales en el País Vasco detectaron un incremento de VOX, que de ser residual, pasaba al 2,45 por ciento de los sufragios, colocando al partido de Santiago Abascal por delante de Ciudadanos y provocando que el PP vasco estuviera al filo de quedarse sin representación en el Congreso de los Diputados.

O dicho de otra forma, parece evidente que en las Vascongadas la dispersión del electorado del centro y la derecha no nacionalistas penaliza directamente a los populares, puesto que ni VOX ni el partido naranja parecen en disposición de conseguir representación en la Cámara vasca. Por el contrario, una lista conjunta entre el PP y Ciudadanos tendría la virtud de sumar al votante clásico popular, vasquista sin complejos y forjado en la larga resistencia contra el terrorismo separatista, el segmento más liberal del constitucionalismo. En definitiva, el mismo modelo que en Navarra, donde los dirigentes de Cs aceptaron aparcar sus discrepancias sobre el modelo foral.

Este planteamiento es igualmente válido para el caso de Cataluña, donde, en las últimas elecciones generales, la caída en votos de Ciudadanos no pudo ser compensada por la insuficiente recuperación del Partido Popular. Somos conscientes, por descontado, de que las pretendidas coaliciones en el País Vasco y Cataluña no supondrían una agrupación matemática de los sufragios del centro derecha constitucionalista, pero, en cualquier caso, harían menos dañina su fragmentación. La situación en Galicia, donde el presidente de la Xunta, Alberto Núñez-Feijóo, ha vuelto a hacer coincidir las elecciones autonómicas con las del País Vasco, la situación es diferente. Allí, como expusimos en un reciente editorial, no sólo el Partido Popular puede acreditar una larga experiencia de gobierno con buenos resultados, sino que la sociedad gallega no se ha radicalizado, reflejo de la preeminencia de un PP que es expresión eficaz de un galleguismo integrador, constitucionalista y español. Una idiosincrasia política más pausada y conservadora, por supuesto, abierta a que se sumen otros votantes.