Tareas para el día después

La pandemia pasará y viviremos una postguerra, felices por el fin de la guerra vírica, tristes por los fallecidos y un panorama de difícil y dura gestión. Del estado de alarma derivarán unos problemas que se añadirán a los que arrastrábamos y que condicionarán su solución. Este confinamiento permite reflexionar sobre cuestiones que nos ocupaban y que el ajetreo cotidiano impedía una mejor consideración y si esto ocurre en nuestro microcosmos cabe intuir –o desear- que otro tanto ocurrirá con las cuestiones de política, por supuesto general, pero también particular.
Me fijo en uno de esos problemas pendientes porque ha saltado a la actualidad, aunque rápidamente lo haya devorado tanta noticia desasosegante. Afecta a un número indeterminado pero elevado de empleados públicos, en concreto los interinos que hay en todas las administraciones y en distintos ámbitos, especialmente en algunos tan sensibles como la educación y ahora tan de actualidad como la sanidad. El problema se viene arrastrando desde hace años y si lo traigo a consideración en tiempos pandémicos es a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea conocida la semana pasada y que avanza en lo que hay de abuso en el interinaje y sus consecuencias.
En pocas palabras y sin agotar todos los supuestos y variantes, la práctica de las administraciones se resume en esta idea: hay una plaza vacante y en tal situación permanece durante un prolongado tiempo, incluso de forma indefinida; lejos de cubrirla con funcionarios de carrera convocando pruebas selectivas, la cubre con interinos a los que nombra, cesa y renombra una y otra vez. Así durante años. Pues bien el tribunal insiste en que tal práctica es abusiva.
Al amparo de la jurisprudencia europea los interinos han pretendido que la forma de poner fin a tal abuso sea que se les nombre funcionarios de carrera o, en su defecto, que cesados se les indemnice como si de un despido se tratase. Los supuestos son variados y ya el Tribunal Supremo ha venido entendiendo que no procedía lo primero –que se les convierta sin más en funcionarios de carrera-, pero tampoco que se les indemnice, pero sí que para evitar esa situación de inseguridad e incertidumbre que no se les cese sino que se les mantenga de forma continua, mientras esa plaza no se provea por funcionarios de carrera, forma ésta de obligar a golpe de sentencia a que se actúe como mandan las leyes.
Los variados supuestos llevan a una práctica compleja que necesita racionalizarse aplicando una máxima simple pero que parece difícil de cumplir: que se acuda a los interinos sólo para los supuestos legalmente previstos, sin dar lugar a prácticas fraudulentas y abusivas. Sin embargo, tengo la impresión de que esas malas prácticas convienen a no pocos: a las administraciones porque para tener plantillas flexibles, exceptuar la inamovilidad funcionarial y no sé si un dudoso ahorro; a sus responsables políticos como vía para colocar a los próximos; también a los funcionarios de carrera que no tendrán que asumir provisionalmente las funciones de la plaza vacante más la suya; a los propios interinos que, cierto, viven en la precariedad, pero tienen un puesto de trabajo obtenido sin el rigor de las oposiciones, es más muchos no han querido prepararlas tras instalarse en el interinaje; y, en fin a los sindicatos, que ven en los interinos un filón reivindicatorio, un panorama de apetitosa gestión.
Esta pandemia debería servir para aprovechar lo que, paradoja, tienen de positivo las crisis: sirven de revulsivo frente a prácticas anómalas, atávicas, que denotan desnortamiento, ausencia de una idea racional en la gestión de lo público. Los desafíos venideros pintan tiempos de vacas flacas, tensiones sociales y deberían invitar a diseñar una administración eficiente, lo que pasa por un empleo público bien gestionado y de calidad y no ir a lo que cabe vaticinar: una gestión continuista, ajena a una política de Estado y que se quede en nuevos recortes salariales y reducciones de plantillas, compatibles, eso sí, con despilfarros en todo lo que se detecte como baza política o ideológica. Se perdería así la oportunidad de embridar una política administrativa desde un diseño maestro y cuyas deficiencias degenerativas han venido denunciando los tribunales, nacionales y europeos.