“Illa, el amo y señor de nuestras vidas”

Al margen de la crítica política de la oposición y una autocomplacencia gubernamental que se ha instalado en la propaganda más zafia, que resulta agotadora en estos tiempos de confinamiento, la realidad es que los datos son demoledores. No hay forma humana de conseguir que reconozcan algún error, pero el desabastecimiento de las farmacias es el indicador más claro de la imprevisión del Ministerio de Sanidad y su incompetente titular, Salvador Illa. A esto hay que añadir que no sólo nos ha afectado a los sufridos ciudadanos que estamos condenado al confinamiento, cuya duración resulta cada vez más sorprendente si la comparamos con los datos de otros países en una situación similar, sino la escandalosa desprotección que ha sufrido el personal sanitario. Es todo tan injustificable que ni siquiera la propaganda consigue esconder el esperpento.

Lo que ha sucedido con las empresas contratadas por Sanidad para suministrar el material es propio de una película de Torrente. El problema es que no es para tomárselo a broma, porque afecta a la salud pública y ha tenido consecuencias terribles. España ha sufrido un desabastecimiento doloso. Estamos donde estamos como consecuencia de una clara imprevisión que ha impedido que se tuvieran los materiales que habrían permitido hacer frente a la crisis sanitaria en mejores condiciones. Ni test, ni guantes, ni mascarillas. Es, simplemente, patético. Lo vimos con los respiradores, donde algunas empresas se reconvirtieron para fabricarlos mostrando la solidaridad de empresarios y trabajadores. Por todo ello, lo que más me inquietó del bronco debate parlamentario que vivimos ayer fue el poder que otorgó Sánchez al gris y anodino ex alcalde de La Roca que Iceta le colocó al frente de la cartera de Sanidad. Illa tendría que ser fulminantemente destituido y poner al frente a un político capaz o un técnico preparado. En lugar de ello, se le otorga la capacidad de decidir quién y cuándo se puede salir. Es el amo y señor de nuestras vidas. Es un ministro quien controla el ejercicio del derecho constitucional recogido en el artículo 19 que consagra algo tan obvio como es elegir libremente nuestra residencia y circular por el territorio nacional. Todo se hace con una inquietante opacidad, con unos funcionarios que dependen del gobierno, que no tienen incertidumbre sobre su futuro profesional y que no viven en pisos pequeños como la mayoría de españoles.