Si no se prorrogase el estado de alarma, Sánchez no dirigiría el desconfinamiento

Si el Ejecutivo no aprueba una prórroga más del estado de alarma, se acabará su poder absoluto. Volveremos a tener vigentes todos nuestros derechos y las comunidades autónomas serán las responsables de dirigir el desconfinamiento de sus territorios.

La constitución prevé el estado de alarma para supuestos excepcionales, lo que permite la existencia de un mando único. Sin embargo, una vez finalizados los quince días que otorga la constitución para esta disposición, su prórroga, tiene que ser aprobada continuamente en el Congreso.

¿Qué ocurriría si Sánchez no consigue la aprobación de una nueva prórroga? Tan simple que no podría seguir limitando nuestros derechos y volverían a operar los Estatutos de Autonomía, la Ley General Sanitaria y la Ley de Protección Ciudadana, en definitiva, el ordenamiento jurídico.

El Estado no dispone de facultades jurídicas para mantener el confinamiento si no está vigente el estado de alarma y, por lo tanto, tampoco para dirigir la vuelta a la normalidad. Serían las distintas comunidades autónomas quienes tendrían que regular el uso de los espacios públicos o privados, pero la limitación de derechos fundamentales que han coartado nuestra libertad, como el encerramiento domiciliario, no podría volver a aplicarse.

La limitación de la actividad laboral quedaría regulada si así lo desean las propias comunidades, quienes, ante una alerta sanitaria y conforme a lo regulado en los artículos 25 y 26 de la Ley Sanitaria, quienes tienen transferidas las competencias. Es decir, si no estuviera vigente el estado de alarma, el Ejecutivo no podría decidir ni cuándo ni cómo volveríamos a nuestra actividad cotidiana.

¿Y quién sabe? Ante las críticas de algunos gobiernos autonómicos o grupos de la oposición, ¿Podría ser esta mejor solución que la Kafkiana hoja de ruta que han marcado nuestros actuales dirigentes?

Sería muy interesante que aquel espíritu de reconstrucción que manifiesta el Ejecutivo fuese real. Ojalá nuestros líderes tomasen nota concienzuda sobre los planes de desescalada que otros países vecinos están llevando a cabo con éxito y resultados, gracias al trabajo de expertos, que están en su derecho, como en el caso de Oriol Mitja en Andorra.

Mientras su homólogo en España, Fernando Simón, seguía negando la crisis, el señor Mitja llevaba días defendiendo la necesidad de la cuarentena, solicitando el uso y adquisición urgente de mascarillas y test masivos para la población; algo que, por cierto, no ha llegado a implementarse en nuestro país a estas alturas. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar para que la queja institucional se escuche de una vez en el parlamento?

Ya es hora de plantear alternativas serias y de reestablecer la ley. Las comunidades autónomas tienen que empezar a hacer valer su peso. Ha llegado el momento de poner punto final al poder absoluto del Ejecutivo y a un plan de desescalada que, en vísperas de mayo, sigue siendo confuso, impreciso y contrario al consenso de los expertos.

Salud, seguridad e impulso económico son tres puntos claves para el desconfinamiento, pero desde la sensatez y el uso de razón. No está en juego ninguna victoria o derrota partidista, sino nuestro futuro; la diferencia entre caer en una profunda recesión económica o la vuelta a una posible prosperidad, por ello, no es el momento de improvisar sino de utilizar las instituciones y como la gran democracia que somos, todo el peso de la ley.