La “nueva normalidad” es muy confusa

El camino de vuelta a la normalidad, al parecer, va a transcurrir por un confuso tránsito que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denominó ayer «nueva normalidad», que no terminará hasta el próximo 28 de junio y que se llevará a cabo en cuatro fases «graduales, asimétricas y coordinadas», con base territorial en la división por provincias e islas, convertidas de hecho en compartimientos prácticamente estancos a los efectos de la movilidad personal. Todo el proceso, que no está sujeto a un calendario preestablecido, se llevará a cabo bajo el estado de alarma, que se prorrogará sucesivamente, y depositando en las autoridades sanitarias la responsabilidad última de las decisiones.

Si algunos ciudadanos esperaban que el plan de desconfinamiento iba a proporcionarles certezas para poder encarar su inmediato futuro se habrán sentido desilusionados y con razón. Demasiadas cuestiones relacionadas con el día a día han quedado supeditadas a la evolución de unos indicadores epidemiológicos y sanitarios que no han sido publicados y que, forzosamente, estarán condicionados por las sensibles diferencias presentes en el modelo provincial elegido, desde la densidad de población, que determina las capacidades sanitarias, hasta el tejido productivo, que condiciona la dinámica del mercado laboral y de servicios. Es, en definitiva, una estrategia que privilegia el principio de precaución, lo que es loable, pero que desdeña las potenciales sinergias entre los distintos territorios.

La única conclusión favorable es que, incluso en el peor de los casos, el Gobierno calcula que se habrá superado la pandemia antes de que termine el mes de junio. Por supuesto, en lo que se refiere al territorio nacional, porque en la «nueva normalidad» nada se nos dice de cómo se reanudarán las relaciones con nuestros vecinos europeos. Si se abrirán las fronteras en un futuro predecible o si volverán a operar con regularidad las compañías aéreas. Sin duda, el plan de desescalada gubernamental, por utilizar otro de los términos acuñados en esta crisis, provocará rechazo en las comunidades autónomas pluriprovinciales, cuyos gobiernos verán condicionada su capacidad para tomar decisiones que impliquen a entidades geográficas homogéneas, como ocurre en Cataluña, pero separadas administrativamente a finales del siglo XIX. También, como en el caso de Andalucía, se verá afectada la movilidad entre provincias adyacentes que están estrechamente interconectadas económicamente. Y lo mismo reza en el ámbito interautonómico, puesto que el plan para la «nueva normalidad» impide, por ejemplo, el traslado a las segundas residencias.

Por otra parte, no parece, pese a las protestas en contra, que el Gobierno haya consultado con los distintos partidos de la oposición la hoja de ruta del desconfinamiento y la vuelta a la normalidad. Aunque, a efectos prácticos, cualquier decisión está abierta a modificaciones ulteriores –como viene siendo habitual en la acción del Gobierno desde el estallido de la epidemia–, no es descartable que se produzca una reacción adversa de las formaciones opositoras, en especial, del Partido Popular, que puede poner en peligro el respaldo parlamentario al mantenimiento del estado de alarma, con consecuencias fáciles de prever. En cualquier caso, la prioridad no ha cambiado. Hay que seguir combatiendo contra una epidemia que, pese a la innegable mejoría, arroja todos los días cifras de nuevos infectados y de nuevas muertes. Faltan test de diagnóstico imprescindibles para calcular la evolución de la epidemia y, sobre todo, hacer un seguimiento completo de los contagios. Y así, es cierto que, sin análisis suficientes, la mejor opción que tiene el Gobierno es ir despacio, semana a semana, a ver qué sucede.