Nuevas obligaciones para la política exterior

España no puede permanecer con los mismos planteamientos de su política exterior creados en la etapa de abandono del planteamiento imperial, en 1814 y que se han mantenido a lo largo del siglo XIX y parte notable del XX. La humanidad, precisamente en esa etapa, alteró muchísimas realidades políticas, científicas, económicas, y eso crea impactos insoslayables que mucho afectan a los planteamientos de la política exterior. En este sentido, es obligado, por ejemplo, que en el madrileño Palacio de Santa Cruz se tengan que tomar nota de estos cambios universales de modo continuo.
Concretamente, no es posible dejar de tener en cuenta lo que se señala en el número monográfico mayo-junio de 2020 de Información Comercial Española, titulado África: integración económica y transformaciones estructurales. Su interés es grande, porque está señalado en él, todo un conjunto de cambios que se recogen en la aportación de los funcionarios Luis Óscar Moreno, García-Cano, Miriam Pérez Nogueira, Mercedes Monedero Higuero y Ana Menéndez-Abascal Fernández, que merecen ser citados nominalmente por la valiosa aportación que efectúan en su artículo Horizonte África. Hacia una nueva estrategia financiera y comercial (págs. 7-24). Y los cambios proceden como consecuencia de los pactos en creciente grado que existen con otros países de la Comunidad Económica Europea. Así, se está preparando ese conjunto africano «para iniciar una trayectoria de desarrollo completamente nueva aprovechando el potencial de sus recursos y su población, tal y como se refleja en las iniciativas innovadoras que figuran en la Agenda 2063 de la Unión Africana, que define el marco para un crecimiento inclusivo y de desarrollo sostenible a llevar a cabo en los 50 años posteriores a su aprobación en 2013”. Y es evidente que esa alteración del conjunto africano exige, para España, la comprensión de que, fronterizamente -es la única nación europea que tiene frontera en África-, ha aparecido “un socio estratégico y prioritario en los ámbitos económico, comercial y energético».
Su aparición es, simplemente, un mercado natural para las empresas españolas. Y eso ya comienza a comprobarse, como lo señalan estas cifras: «El comercio bilateral España-África ha pasado del 5-6% en el año 2000, al 7,5% en 2019». Una reacción inicial, en ese sentido, se encuentra tras el dato de que los fondos que genera COFIDES, indican que el 31 de diciembre de 2018, financian «proyectos en Marruecos, Argelia, Níger, Nigeria, Ghana, Costa de Marfil, Mauritania, Egipto, Kenia, Uganda, Tanzania y Sudáfrica».
La realidad empresarial española fue ya inicial, pero debe actuar con una mayor fuerza, porque nos encontramos en el borde de una polémica sobre lo que debe suceder al progreso de la agricultura, a las novedades tecnológicas que están cambiando industria y servicios, a las actividades mineras en un mundo que observa que es posible evitar el pánico que surgió como consecuencia de la progresiva liquidación de multitud de reservas mineras explotables, y que han resurgido, en buena parte, de África. ¿Y olvidamos el tema del control climático? Todo esto, ¿debe ignorarse en los planteamientos de nuestra política exterior? Lo sucedido antes de la independencia de Guinea Ecuatorial, con el tema de las reservas petrolíferas, no debe repetirse.
Y ello enlaza con que Servando de la Torre, en su lección «La cuestión de las Ilhas Salvagem», desarrollada este año en los Cursos de La Granda, se convierte en un expositor de algo que cambia en profundidad las realidades superficiales de multitud de países costeros. Y no sólo afecta la superficie de esos países a la marítima, sino también al fondo del mar. Servando de la Torre inició su contribución a los citados Cursos, señalando que Marruecos había aprobado en enero de 2020 un cambio en la extensión de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) que se solapa con la ZEE española del archipiélago de Canarias, habiendo España, en 2014, solicitado un plan para esta zona exclusiva para Canarias, en la superficie tradicional hasta entonces. Todo esto plantea, inmediatamente, problemas a nuestro país, generados por diversas naciones que pretenden aumentar sus recursos mineros, la pesca y otras posibilidades, a partir de esas ampliaciones marítimas, con lo cual la réplica tiene que ser continua y cada vez más general. Ha habido problemas en la ampliación de la costa cantábrica, en relación con Francia: ¿cómo encontrar la bisectriz de aguas españolas y francesas a partir de la desembocadura del Bidasoa, si se cambia el punto final que determina esa bisectriz? Y naturalmente, también surgen problemas con Portugal -en las citadas Islas Salvajes-, en la misma región donde los intereses españoles y portugueses se enfrentan con los marroquíes y, basándose en que las Naciones Unidas siguen manteniendo su postura respecto al Sahara, a través de declaraciones muy recientes de la llamada República Árabe Saharauí Democrática, sobre su espacio marítimo. Y no deben dejarse a un lado las decisiones derivadas de la ZEE de Argelia, que son capaces de plantear problemas al español Parque Nacional de la Isla de Cabrera. Esta valiosa aportación de Servando de la Torre señala con claridad que la superficie española tal y como se había aceptado normalmente, no son los 500.000 km2 corrientes en mil publicaciones, sino que muchos más son esenciales para mantener posibilidades crecientes de futuro en transportes, en pesca, en turismo, y posiblemente en energía y minería. Lo que nos ocurrió cuando no hubo reacción española en las aguas petrolíferas que rodean a Fernando Póo y la zona costera del Río Muni, no debe repetirse. Hay, pues, que tener la mente clara de que España no tiene solamente fronteras con Francia y Portugal, y también que África tiene que ser atendida muy especialmente por nuestra política