50.122 muertos merecen una explicación

Los diez meses de pandemia han servido, entre otras muchas cosas, para convivir con un drama humano cuyas cifras son difíciles de digerir. El Gobierno facilitó ayer el oficial de muertos con el coronavirus: 50.122 muertos. Aunque otros datos manejan un número superior de fallecidos, basándose en muertes con síntomas compatibles con la Covid-19, las facilitadas ayer por el Ministerio de Sanidad son suficientes para valor que en España la epidemia ha tenido unos efectos superiores al de otros países de nuestro entorno. Somos uno de los país europeos con más mortalidad por habitantes y, aún así, con una gestión desconcertante: el Gobierno no ha rehuido al enfrentamiento con las comunidades autónomas gobernadas por el PP, siempre buscando una rentabilidad política, incapaz de asumir que, por más inesperada que esta pandemia haya sido en todo el mundo, el Ejecutivo tiene una responsabilidad directa, aunque la gestión sanitaria dependa de la administración autonómica. Ahí está la falta de comunicación con el líder de la oposición, Pablo Casado, marginado de, ya no de cualquier decisión, sino de información básica, aunque luego reclamase su entrega absoluta para aprobar un estado de Alarma sin condiciones, mientras sacaba adelante leyes tan importantes como la reforma educativa o la de eutanasia. La gestión de Sánchez –desde sus alocuciones televisivas en la primera fase, a la de capitalizar la vacuna, cuando es la Unión Europea quien la ha gestionado y distribuido– ha evidenciado precisamente que sólo la propaganda no podía ocultar las deficiencias. Hoy presentará el informe donde se da cuenta de la aplicación del programa político, aunque ese «primer ejercicio de rendición de cuentas metódico de la historia del Gobierno de España» da una idea de la confusión provocada entre la obligación constitucional de dar explicación en sede parlamentaria y la creación de un nuevo organismo «independiente» para valorar lo que le corresponde al poder legislativo.

Mientras deja que el Congreso se consuma en peleas políticas sin más trascendencia que la que puede provocar un tuit y, sobre todo, sin ningún efecto director en la gobernabilidad y la toma de decisiones, La Moncloa se envuelve en un nuevo organismo cuyas conclusiones serán presentadas en 2021 ante un llamado Foro de Gobierno Abierto, «cuya finalidad es institucionalizar la colaboración y fortalecer el diálogo permanente» entre administración y sociedad civil. Sin embargo, en pura esencia democrática, los datos de muertos facilitados ayer es una buena ocasión para rendir cuentas en el Congreso. Partiendo de que el 49,% de los fallecimiento se han producido en el residencias de ancianos, hubiera sido el turno del vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, de valorar estas demoledoras cifras, aunque su dedicación exclusiva a demoler el «régimen del 78» le impida abrir un hueco en su agenda.