Pereza gubernamental

La Ley Electoral no contempla la posibilidad de suspender o aplazar unas elecciones, y este vacío legal ya se puso de manifiesto con el aplazamiento de las elecciones gallegas y vascas del año pasado, lo cual en un país con un gobierno centrado en resolver los problemas de sus ciudadanos y no en creárselos hubiera provocado una reforma de urgencia de la LOREG para situaciones futuras, pero no se abordó. La base legal para aplazar las elecciones en Cataluña es la misma que existió para aplazar las vascas y las gallegas, ninguna, y por ello, apelar a esta ausencia para oponerse al aplazamiento por razones de protección de la salud pública por el riesgo el Covid tendrá que ser explicado y mucho por los que lo objetan. No es baladí que el candidato del PSC a la Generalidad sea el actual Ministro de Sanidad, toda una paradoja. El que tiene la mayor responsabilidad en proteger la salud pública en España se encuentra concernido por urgencias electorales y habrá que determinar hasta qué punto interfieren en las decisiones que sobre la salvaguarda de la salud pública debe adoptar, toda una desvergüenza democrática. Pero el objeto de mi reflexión no era esto, sino apuntar la pereza legislativa de un gobierno dedicado a regular la eutanasia, a limitar las competencias de otro poder del estado como el judicial o a empobrecer la calidad de nuestro sistema educativo. Hubiese sido más urgente y necesaria una regulación orgánica sobre pandemias que posibilitara tomar a las administraciones medidas restrictivas de derechos fundamentales proporcionales a la situación de riesgo para la salud pública, así como la ya citada reforma de la ley electoral, a las que se le añade la tormenta Filomena que pone de manifiesto que existe un vacío legal entre las medidas que se pueden adoptar aplicando la ley del sistema nacional de protección civil y la declaración de un estado el alarma como consecuencia de una catástrofe, y ello para poder trasladar a una Ley Orgánica de Protección civil la regulación de limitaciones de derechos fundamentales sin necesidad de acudir a la declaración de un estado de alarma. En definitiva, no trato tanto de abrir un debate sobre el contenido de estas leyes sino sobre su necesidad, y denunciar la desidia en la iniciativa legislativa de un gobierno que no está en resolver las necesidades de sus ciudadanos, sino en crearles artificiales problemas como consecuencia de sus hipotecas con sus socios, especialmente con el independentismo catalán y con los herederos de Batasuna; un gobierno más preocupado por la situación carcelaria de unos delincuentes como los autores del golpe de estado en Cataluña o los presos terroristas de ETA. Esto es algo que resulta tan lacerante e ignominioso como insoportable. Como decía Robert Kennedy, «el problema del poder es cómo lograr un uso responsable de él sin caer en la irresponsabilidad y la indulgencia». Mas en España el problema se agudiza porque se da una indulgencia irresponsable dirigida a satisfacer las pretensiones de los reales enemigos de la nación en contra de los intereses de la inmensa mayoría de españoles.