Radicalismo violento

Se ha impuesto la estrategia frentista y de polarización que se alimenta con la sola presencia del peor comunismo en el gobierno de Pedro Sánchez

Alejandro GarciaEFE

Los lamentables hechos acecidos en relación con el ingreso de un reincidente delincuente no deben analizarse de forma aislada, y menos, en relación con una mera consecuencia jurídica de un estado derecho; lo que pone de manifiesto es una división entre demócratas y totalitarios, entre los que abrazamos la libertad y los que solo conciben el sistema como algo que hay que revolucionar para aplicar su visión totalitaria, que recordemos se basa en que un solo “partido " ejerce el poder de manera autoritaria impidiendo la intervención de otros y controlando todos los aspectos de la vida del estado y de la sociedad. Ese hecho nos recuerda la permanente necesidad de defender nuestra democracia frente a este tipo de personajes, mas el problema se agrava cuando se permite que este totalitarismo forme parte del gobierno de España, eso sí que es grave. Como consecuencia de ello se ha impuesto la estrategia frentista y de polarización que se alimenta con la sola presencia del peor comunismo en el gobierno de Pedro Sánchez, el cual mantiene una alianza pública con populistas e independentistas, fomentando el crecimiento del radicalismo adversario, porque los extremismos, como todo el mundo sabe, se retroalimentan. En esta España pareciera que ser un ultra o un radical tiene un plus, porque la agenda que él está marcando es la de la división y el enfrentamiento entre españoles. Contra esto la sociedad debe reaccionar desde la moderación y la centralidad, porque esta moderación no supone en absoluto una renuncia a principios y valores, cuya defensa, si cabe, se debe acentuar. La presencia del radicalismo en un gobierno erosiona las instituciones que mejor nos defienden comenzando por el propio gobierno de España desde el cual algunos de sus miembros ponen en duda que España sea una democracia consolidada y ejemplar, lanzan ataques continuos contra la mismísima Jefatura del Estado, brutales embates dirigidos desde el poder ejecutivo contra el poder judicial y el poder legislativo, cuestionando al primero y amordazando al segundo, un ataque en toda regla contra la Constitución. Por eso hoy tenemos la obligación de reivindicar, más que nunca, nuestra Constitución de 1978, que es el pilar de nuestras libertades y la base de una democracia ejemplar y de un Estado de Derecho fuerte y vigoroso, que garantiza los derechos y libertades de sus ciudadanos. En la famosa distopía de Huxley, “Un mundo Feliz”, se denomina a las cárceles del periodo superado por ese mundo “la casa de las consecuencias”, y superando el contexto literario, eso es el ingreso en prisión, la consecuencia que tiene anudada el estado de derecho a acciones reprobables dentro del orden de valores democráticos. Nuestra democracia exalta la libertad de expresión como uno de sus valores y pilares, y ello nos obliga a soportar expresiones odiosas y aborrecibles, pero lo que no se puede admitir es la licitud del discurso del odio que incita al ejercicio de la violencia, y esta violencia es la que padecemos estos días en nuestras calles, y quien jalea y justifica esto debe estar fuera de nuestras instituciones.