La renovación del CGPJ

Hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero no a cualquier precio. Es importante que el PP ignore la presión, en algunos casos al servicio de los intereses de Podemos, los independentistas y los bilduetarras que quieren tener representantes en el Consejo al servicio de su estrategia para destruir España y la Constitución. Casado ha demostrado su voluntad negociadora con RTVE, por lo que ya no sirve la excusa de que bloquea cuando quien no ha tenido la voluntad de desatascar la situación ha sido la otra parte. El PSOE siempre ha tenido fácil resolver esta cuestión presentando una propuesta formada por juristas de reconocido prestigio en lugar de personajes controvertidos y claramente fanatizados. No es un Consejo del Poder Político o Partidista, sino Judicial. Es algo tan evidente que sorprende que se tenga que insistir en ello. Una muestra de esta realidad es que no se vetan los nombres que propone el principal partido de la oposición y la razón es que están avalados por su prestigio profesional. ¿Es tan difícil que todos cumplan la previsión constitucional?

No tengo ningún rechazo a que los magistrados o los fiscales pidan la excedencia y participen en política, no me refiero a cuando asumen cargos institucionales propios de la carrera, pero otra cosa muy distinta es que lo hagan enfundados en la toga, como desgraciadamente ocurre a menudo entre la izquierda judicial, o asuman nombramientos en órganos constitucionales dispuestos a defender posiciones partidistas. Es lo que sucede con la Fiscal General del Estado que dejó el escaño y el ministerio de Justicia para asumir esta responsabilidad, donde es exigible una absoluta imparcialidad. No la tiene. El PP no debe apresurarse presionado por algunos medios de comunicación y periodistas que no se dan cuenta de que es imprescindible que el CGPJ esté al margen de los sórdidos intereses de Podemos y sus amigos. La sensibilidad ideológica de los vocales debería ser irrelevante si están al servicio del Poder Judicial y no son la correa de transmisión de esas formaciones políticas que quieren tener auténticos y fanáticos «creyentes» que estén a las órdenes de Iglesias. Es intolerable. Lo mismo sucede con la presidencia, que desempeña un papel fundamental y es preciso que quien la ocupe tenga un prestigio jurídico incuestionable. El resto de los órganos pendientes de renovación no producen ningún problema y la razón es que los comunistas e independentistas no pueden meter sus zarpas en ellos.