Basta de matonismo político

Pablo Iglesias decidió que estas elecciones debían radicalizarse, al punto de provocar choques violentos contra los que él calificó de «fascistas», mientras el líder de Podemos se arrogaba el de defensor de la «democracia». Este ha sido el reparto de papeles diseñado y a él se ha ceñido escrupulosamente. La primera escenificación tuvo lugar el pasado 7 de abril, cuando convocó a sus fieles a impedir un mitin de Vox en Vallecas, en la Plaza de la Constitución –que ha rebautizado como Plaza Roja–, con el saldo de 35 personas heridas, 21 de ellas agentes de la Unidad de Intervención Policial. Entre los agresores habían dos miembros del equipo de escoltas de mismísimo Iglesias. Así se ha podido saber ahora, según fuentes policiales, tras la detención de éstos el 15 de abril. Obviamente, Iglesias ha negado que sean miembros de su seguridad personal y que todo forma parte de una campaña para desacreditarle –¿más todavía?–, pero lo que no podrá negar es que están a sueldo –esperemos que no en «negro»– de su partido, aunque luego, cuando la evidencia se imponía, dejó caer que todos sus escoltas son miembros del Cuerpo Nacional de Policía y que «ninguno fue detenido». De lo que se puede deducir que los detenidos son guardaespaldas que hacen su trabajo voluntariamente. Lo lógico ante esta tesitura es que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijera si en los informes policiales se hace constar que los detenidos trabajan para Podemos, pero visto su vergonzoso comportamiento a lo largo de la crisis de las «balas y las navajas» no se espera una intervención imparcial y profesional. Podemos tenía sus motivos por no condenar la violencia porque la instigó e hizo de ella el único punto del programa de las elecciones a la Comunidad de Madrid: viene el fascismo e Iglesias lo va a parar. Exhibió sobres con balas y exigió que quien no condenase esos envíos era cómplice de la violencia, sin embargo, él no condenó, lógicamente, la que él mismo estaba capitaneando. Lo alarmante de toda esta operación de acoso a la derecha y, de manera especia a Díaz Ayuso, es que haya contado con la ayuda del PSOE, un partido que ha echado por la borda la poca moderación que le quedaba.

Ahora bien, el suceso de unos escoltas de Iglesias pateando a agentes de las Fuerzas de Seguridad sobrepasa todo lo aceptable. Ya sabemos que utiliza fondos públicos para costearse servicios personales –un juez investiga una niñera contratada como asesora de la ministra de Igualdad–, pero que sus guardaespaldas actúen violentamente en protestas de Podemos debería suponer el final del personaje que más ha envenenado la vida política, quien más ha clamado por un guerracivilismo cerril y quien más comprendió los crímenes de ETA. Iglesias debe apartarse cuanto antes de la vida política española. Todo tiene un límite.