Seguiremos bloqueados

Según las crónicas el Consejo General del Poder Judicial se prepara para invernar durante los próximos cuatro meses. Al no prever su renovación el actual bloqueo seguirá y se acerca al record de ver prolongada su vida tres años más; es decir, un órgano que según la Constitución tiene un mandato de cinco años llegaría a ocho. Y entra en un peligroso estatus: el de la irrelevancia más la indiferencia ante tal anomalía.

Como sabrán, en tanto no se renueva, la actual mayoría parlamentaria lo ha desactivado al reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial al dejarlo entre tanto «en funciones», situación en la que sólo puede realizar actos de mera gestión, luego paralizándole para que no ejerza las principales, aquellas que dan sentido a su existencia. Así respondió esa mayoría parlamentaria al bloqueo liderado por el PP. La reforma ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional y pronosticar cuándo se pronunciará forma parte de lo inescrutable.

¿Cómo hemos llegado a esto?, pues de muchas maneras porque hay causas, concausas, causas coyunturales, de fondo y otras sobrevenidas. Ya me he referido a ellas y hasta la saciedad en estas páginas, pero hay que insistir en su recuerdo visto que la memoria hispana es fugaz. Si hubiese que resumirlas me quedo con una sola idea: entre todos han politizado a este órgano constitucional que gobierna la Justicia; unos y otros, prescindiendo de toda visión institucional, han perdido el respeto debido en este caso al Poder Judicial, víctima del envilecimiento de la actual vida política.

La mayoría de izquierdas, liderada por los socialistas, es coherente consigo misma. Actúa según su código genético, un ADN político por el que repudia la independencia judicial, la separación de poderes, que ve en la ley y el Derecho no las reglas que delimitan la acción política sino una cortapisa, que tiene una concepción del Estado cargada de adherencias más o menos totalitarias, que siempre ha visto la Justicia como territorio de conquista, algo que dominar, controlar o, como mínimo, desactivar. Así dio el paso que dio en 1985 entregando al Consejo a la lógica de la lucha política, mimetizando su composición con la división de fuerzas parlamentarias. Algo que el Tribunal Constitucional expresamente censuró.

Y del lado conservador –representado en solitario por el PP– el panorama es desolador. Tras prometer que revertiría la reforma socialista de 1985, ha contado con amplias mayorías parlamentarias para hacerlo, nada hizo y las incumplió. Todo lo más ideó un sistema intermedio que no despolitizó al Consejo y acaba involucrando a los jueces en tejer la coartada de su reparto político. Ahora, cargado de incoherencia, proclama la despolitización del Consejo, pero lo lleva al centro de la lucha política y no para regenerarlo, sino como medio para desgastar al oponente.

Esa estrategia es inclasificable. Tras incumplir aquella promesa, a destiempo pretendió resucitarla metiéndola a capón en una enmienda extravagante que mejor es no recordarla. Ha torpedeado la renovación ya pactada, unas veces con razones comprensibles, como vetar a gentes infumables, pero otras de pura táctica política: que si el nombramiento de la actual Fiscal General del Estado, que si «no es el momento», –léase las recientes elecciones madrileñas– y ahora los indultos.

Y como por pedir que no quede, ahora pretexta que no habrá renovación si no se reforma la ley para ir al sistema anterior a 1985, de entera elección por los jueces de los vocales judiciales del Consejo. Más vale que en vez de estrategias imposibles, cumplan de una vez su palabra y, si gobiernan, que cambien la ley. Entre tanto se lleva –y a conciencia– el bloqueo del Consejo al límite, con el resultado de prolongar sine die su lamentable situación de «en funciones», esa misma que tiene impugnada.

No sé cómo ni cuándo saldremos de esta, ni hasta dónde se quiere llegar. El deterioro aumenta y va calando la idea de que va a resultar que el Consejo no es tan necesario, que desactivado la vida sigue; en definitiva, una vez concebida la Justicia como servicio público no se para: ¿acaso por estar vacante el cargo de concejal o consejero de transportes se quedan los autobuses en las cocheras?, pues igual. Este es el nivel.

José Luis Requero, es magistrado