Provida criminalizada

Creí que era un bulo. Me refiero al propósito de criminalizar a esos voluntarios provida que delante de los abortorios ofrecen a las mujeres que allí acuden ayuda y consejo para que no aborten o que, simplemente, se concentran en favor de la vida. Pues, inocente de mí, nada de bulo: el Boletín Oficial de las Cortes ya ha publicado una infame iniciativa, la proposición de ley orgánica para modificar el Código Penal y «penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo».

Una reforma al gusto de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo, la patronal del negocio cuyo objeto social es destruir vidas de no nacidos. Dirán que nada de eso, que extirpan «conglomerados de células», «productos de la gestación» y allí quedan «residuos clínicos» no fetos muertos. Una vez más se cosifica o animaliza al ser humano que se quiere eliminar: los nazis llamaban cucarachas a los judíos; los comunistas, ratas a sus enemigos; en fin, ETA, perros a policías y guardias civiles.

No es nuevo que el poder rescate a la patronal de los que se enriquecen con semejante negocio. En 2010 se legalizó lo que, de hecho, era el aborto libre y que había erigido a España –son palabras del Consejo de Estado– en paraíso del turismo abortista. Las cosas pintaban mal cuando jueces y policías empezaron a adentrarse en ese negocio, acudieron al gobierno y éste convirtió sus prácticas impunes en ley. Por cierto, ahora que puja al alza la transparencia, levantar velos y hasta de regular lobbies, sería bueno indagar la mezcolanza de políticos con mercaderes el aborto.

Pero no bastaba la impunidad y se dio a su siniestro negocio un toque de distinción construyéndoles lo que ahora se llama un relato: una madre que acaba con la vida del hijo que espera ejerce un derecho, actúa desde su autonomía y dignidad como mujer. Ahora la proposición de ley vuelve envolverse en la libertad e intimidad de las mujeres y los mercaderes del aborto se parapetan de nuevo en ese relato de manera que quien disuada a la mujer de abortar es un verdadero enemigo público, una amenaza para las libertades. Es la perversión llevada al BOE.

No hay denuncias, tampoco condenas, pero dice la proposición que los provida acosan a las mujeres. En teoría la mujer antes de abortar debe recibir información sobre el paso que va a dar y la realidad es que ese asesoramiento no es disuasorio de un mal cierto: es vano cuando no anima a abortar o lo presenta como un acto higiénico. Lo que enoja es que espanten el negocio aquellos que sí muestran a esas mujeres la realidad y gravedad de lo que van a hacer, de ahí que haya «acosadas» que abandonan su propósito cuando se les explica eso y se les ofrece ayuda.

Y de nuevo el Código Penal como arma de transformación social y de reforma indirecta de la Constitución. Hace pocas semanas hablaba del Código como «Constitución negativa». La positiva proclama derechos y libertades, la negativa –el Código Penal– surte el mismo efecto por otras vías: los pone en valor castigando a quienes los atacan. A golpe de reforma penal se van asentando otros principios o valores ideológicos o se derogan valores y derechos constitucionales simplemente desprotegiéndolos o persiguiendo al adversario ideológico: ahora se criminaliza a los movimientos provida o se despenaliza la «okupación» o las practicas gansteriles de piquetes que, por cierto, no acosan; o se desmonta el delito de sedición o se legaliza la eutanasia, o se propone castigar a quien sostenga una versión de la historia distinta de la oficial, etc.

Va a entrar en vigor la ley de la eutanasia e imagino al criminalizarse a los provida se tendrá por acosadores a policías o bomberos que disuadan a un suicida para que no se lance al vacío: deberán respetar su derecho o, quizás, aconsejarle que no monte el numerito, que el Estado pone a su disposición exterminadores que, con aseo y discreción, pueden liquidarle. En fin, es el gobierno de la cultura de la muerte, algo demasiado siniestro y repugnante para ser verdad. Pero lo es.