«450.000»

Esa es la cifra de españoles que salvaron la vida gracias a la declaración del estado de alarma en lugar del estado de excepción, como debió hacerse según el TC. Esta es la original afirmación que ha hecho la flamante ministra feminista de Justicia en su debut como titular de la cartera. Llama la atención que realice declaraciones más propias de la ministra de Sanidad, pues lo que especialmente debería preocuparle es la constitucionalidad de los instrumentos jurídicos utilizados. También es curioso que la reciente señora ministra conozca con tanta precisión el número de quienes no murieron y, sin embrago, todavía no sepamos cuál es la cifra real de fallecidos, que parece más fácil de averiguar y contar.

La ministra haría un servicio al bien común de los españoles si promoviera la legalidad necesaria para que no se repita lo sucedido, ya que los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos también son importantes. Hasta el momento había existido un cierto debate entre la vida y la economía, pero ahora parece abrirse otro distinto entre la vida y la Constitución. Y es que la salud democratica también es sustancial en una democracia, en un Estado democrático y de derecho como el nuestro. Confiemos en que la sugerencia no consista en la anunciada reforma de la Ley de Seguridad Nacional, para dotar de omnímodos poderes al Presidente del Gobierno Sánchez para que vele por nuestro bienestar. Protejamos la salud pública sin matar la economía y deteriorar la democracia. De eso se trata.