No hay derecho

Los varapalos judiciales que padece el Gobierno de Pedro Sánchez, junto a la sucesión de ataques que le propina al conjunto del poder judicial, están provocando una grave crisis constitucional que afecta al ejercicio de los derechos de los españoles. Ha vuelto a suceder, porque el episodio más grave de desdén al derecho y también a la libertad lo acaba de ratificar la resolución del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional, ilegal y atentatorio contra derechos fundamentales el confinamiento masivo impuesto por el primer decreto de alarma frente al Covid en marzo de 2020. Se utilizó un instrumento insuficiente para dictar restricciones convertidas en auténticas suspensiones que, siendo necesarias, sólo podían ampararse en una declaración del estado de excepción limitativo de las libertades ciudadanas, pero con una duración más acotada en el tiempo y con un mayor control parlamentario sobre el Gobierno. Es lo que pasa cuando se prefiere no articular una legislación específica de control de las pandemias reclamada por muchas voces, incluida la del principal partido de la oposición, así como la de importantes actores institucionales, desde el principio de esta gravísima crisis de salud con insospechadas consecuencias sociales y económicas. Ello con el agravante de que, aún hoy, en el contexto de una quinta ola que desnuda el caos jurídico en el que ha sumido a España este Gobierno, Sánchez sigue negándose de manera irresponsable a aprobar esa imprescindible ley que le reclaman el Consejo de Estado y los Tribunales de Justicia. Una ley más necesaria que nunca, porque si España necesita aplicar nuevas medidas de confinamiento, algo que nadie desea, resulta que el fallo del TC impide aplicarlas a través de un estado de alarma. Estamos pues a tiempo de disponer de una herramienta jurídica que llene el vacío legal abierto y, de paso, articule la capacidad de actuación de las comunidades autónomas, de forma que dejen de desenvolverse en el jaleo jurídico provocado por la irresponsabilidad del Gobierno. Por el contrario, y en su lugar nos presentan un anteproyecto de ley de seguridad nacional que profundiza en los vicios liberticidas del estado de alarma que acaba de ser condenado. Un texto que prefiere la indefinición y la arbitrariedad allí donde están en juego conceptos como la libertad y la propiedad y principios básicos de una democracia como el control parlamentario y la transparencia pública. El Gobierno, en su soberbia alergia hacia la división de poderes, se ha indignado con el fallo, y ha sumado al TC a una lista en la que ya estaban el CGPJ, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Supremo, etc. El Gobierno, durante meses, suspendió derechos que se afirmaba que sólo se limitaban, sin la necesaria base jurídica y constitucional, y que, durante más de un año, y todavía hoy, España ha estado desprotegida, ante su principal amenaza, desde el punto de vista legal, por culpa de un Gobierno que siempre antepone el cálculo político al imperio de la Ley. Lo peor no fue lo que hizo el Gobierno en marzo, sino mantenerse hasta este momento en una perezosa e irresponsable obstinación, ¡no hay derecho!