Tribunales

A propósito de la legítima defensa

Las objeciones no son baladíes pero lo relacionado con la Justicia no puede ventilarse a brochazos: hay que conocer los detalles, la realidad de los hechos, más calma, porque cada caso es cada caso

Reparo en una noticia que estas semanas ha indignado a no pocos. Los hechos son sencillos: un hombre de setenta y siete años sorprende de madrugada a un ladrón en su casa, dispara y le mata. Detenido, la juez de instrucción acuerda su prisión provisional, lo que días después confirma la Audiencia Provincial.

Las redes sociales estallan y claman: te roban y encima te encarcelan, ya no te puedes defender, dónde está la legítima defensa, cómo puede mandarse a prisión a un hombre de esa edad que se defiende en su propia casa de un ladrón, cómo un anciano se va a fugar, etc...

Las objeciones no son baladíes pero lo relacionado con la Justicia no puede ventilarse a brochazos: hay que conocer los detalles, es decir, la realidad de los hechos, más calma y finura porque cada caso es cada caso. No defiendo a ciegas esta prisión entre otras cosas porque la instrucción es secreta y sólo manejo el auto de la Audiencia, pero me daría por satisfecho si logro que se capte cómo se enfrenta la Justicia a hechos complejos, y de ahí deducir alguna enseñanza. Al menos a confiar en la Justicia.

Nadie niega que la legítima defensa exime de responsabilidad: si quien tiene el legítimo monopolio de la violencia –el Estado– no está para defenderte cuando se te agrede, no incurres en responsabilidad si suples esa ausencia, tanto en defensa propia como de la persona o derechos de otro, lo que incluye que el agresor entre en tu casa. Lo prevé el Código Penal y exige no sólo que la agresión sea ilegítima, sino que te hayas defendido acudiendo a un medio racionalmente necesario «para impedirla o repelerla», y que no haya mediado provocación por tu parte. A partir de esos requisitos empieza el problema y en juicio se verá si hubo o no legítima defensa.

¿Y qué pasa con la prisión provisional? Es lo que ahora interesa y acordarla no es fácil para lo que hay que conocer los hechos, sus circunstancias y puede que, ojo, sólo haya indicios, no pruebas concluyentes. Ahí entran en escena las exigencias legales para decidirla, apreciación que hace el juez manejando los datos que le aporte la policía judicial, el resultado –en su caso– de la autopsia, la reconstrucción de los hechos, la necesidad de preservar pruebas y hasta evitar el riesgo de fuga. Todos esos elementos sólo los conocen los involucrados en la instrucción y no, desde el luego, los parlanchines mediáticos ni tanto energúmeno que puebla las redes sociales.

Como digo, ahora estamos en la instrucción y luego vendrá el enjuiciamiento por un posible delito de homicidio. Que se haya acordado esa medida cautelar tan seria evidencia que las cosas no pintan tan fáciles como algunos piensan. La medida será discutible –como todo–, es más, una vez conocidos los detalles hasta podría discrepar de ella pero la Audiencia dice que, con los datos que se tienen y que ofrece la policía judicial, hay indicios claros de homicidio doloso.

¿Qué cabe deducir de todo esto? Que una decisión de ese alcance no se toma a la ligera y la instrucción no es un espectáculo de masas. Debemos confiar en la juez: tiene todos los datos, experiencia, profesionalidad para decidir; además su decisión la ha confirmado un tribunal superior formado por tres magistrados y la apoya la Fiscalía.

Y quiero añadir algo más: el caso lo juzgará un jurado, una institución que he criticado. Sin embargo cada vez valoro más que los ciudadanos asuman responsabilidades públicas, que se involucren en el ejercicio de la autoridad y sepan lo que es juzgar, sobre todo asuntos polémicos, como este, de legítima defensa. Asumiendo tal responsabilidad se cambia, ya no se habla de oídas y se verá que juzgar no es fácil.

En fin, me vengo arriba y creo que sería positivo que todo ciudadano asuma obligaciones públicas: un par de meses de servicio militar –qué error su desaparición–, ser jurado –al menos una vez en la vida– y miembro de mesa electoral. Cuando prolifera la irresponsabilidad –vgr. botellones– o se alimenta el infantilismo –vgr. promocionar con tropecientos suspensos– quizás sea suicida proponerlo, pero habrá que revertir esas tendencias.