Encontronazos europeos

El Tribunal Constitucional polaco acaba de poner patas arriba el orden jurídico europeo. Matizo, en principio lo pone patas arriba sólo para Polonia, pero esto no quita gravedad al asunto porque cuestiona uno de los fundamentos de la Unión Europea. En pocas palabras: un Estado miembro, a través del supremo intérprete de su Constitución, ha declarado que deja de aplicar el Derecho de la Unión porque contraría su Constitución, que es lo que prevalece.

Podría parecer lógico que cada país conserve el dominio sobre su ordenamiento jurídico, máxime su Constitución. Esto, de nuevo sin matiz, no se cuestiona, es más, desde su soberanía cada Estado miembro se dota de las normas que estima pertinentes y ordena las instituciones según su Constitución. Pero hay que seguir matizando porque los Estados al integrarse en la Unión Europea ceden parte de su soberanía, de ahí que el ordenamiento jurídico de la Unión prevalezca en las materias que regula lo que supone, respecto de los tribunales nacionales, que haya otro tribunal, el de Justicia de la Unión, con gran poder como supremo intérprete del Derecho comunitario.

En el caso de España ya nuestra Constitución dice que de celebrarse un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución será preciso reformarla. Así ocurrió en 1992 respecto al ejercicio del derecho al voto en España de los nacionales de otros Estados de la Unión.

En el caso polaco el choque ha venido por ciertas normas que afectan muy directamente a la independencia de la Justicia, cuyo respeto se exige desde el Tratado de la Unión, y ya la normativa polaca ha recibido advertencias y censuras, también por el Tribunal europeo. Ciertamente cada Estado es soberano para organizar su sistema judicial, pero hoy día ya no es un asunto por entero privativo porque anda en juego el proceso de integración europea.

La Unión implica libertad de circulación de personas, mercancías y prestación de servicios más todo un conjunto de normas adyacentes que hacen posible ese espacio común, pero es mucho más: también es un espacio común de seguridad y libertad que se sustenta en una comunidad de principios que exigen calidad democrática de los Estados, lo que exige que en cada Estado esté garantiza la independencia judicial. Ese déficit es lo que desde la Unión se advierte en Polonia o Hungría y, en fin, es lo que ronda a España, de ahí las advertencias que vienen de Bruselas acerca de cómo y quién debe elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Pero, además, la crisis polaca no plantea sólo un problema de prevalencia de normas -las comunitarias frente a las nacionales- sino algo de no menos enjundia: la colisión entre el Tribunal de Justicia de la Unión y los tribunales nacionales, más en concreto los constitucionales. En esto Polonia no está sola porque ya Alemania planteó los excesos de la Justicia comunitaria: en 2020 el Tribunal Constitucional alemán se «enfrentó» al Tribunal europeo a propósito de la compra de deuda pública del Banco Central Europeo, lo que ha supuesto que la Comisión Europea inicie un procedimiento de infracción contra Alemania.

En la vida jurídica europea hay un saludable «diálogo» entre los tribunales nacionales y el de la Unión, un diálogo tejido mediante dudas que los jueces nacionales plantean al Tribunal de la Unión sobre la interpretación del Derecho comunitario. Esto no impide que pueda haber disfunciones si es que el Tribunal europeo no capta lo peculiar de cada Estado o si la duda se le plantea mal. Y también fricciones. Pero si los Estados deben lealtad a la Unión, también cabe esperar que la Justicia europea no se exceda. De esto sabemos en España y por citar algo pendiente, a propósito de los secesionistas fugados, ya veremos en qué queda nuestro Tribunal Supremo y la euroorden como instrumento del espacio europeo de seguridad y Justicia.

De momento tenemos la mala experiencia de otros tribunales, como el Europeo de Derechos Humanos, o de otras instancias no judiciales prescindibles como el Comité de Derechos Humanos de la ONU: vistos recientes pronunciamientos cuestionando nuestro sistema judicial, me pregunto ¿se han enterado allí de cómo es nuestra Justicia?; o peor aún, ¿se ha sabido o querido defenderla ante esas instancias?