¡Qué preocupadísima realidad se nos presenta!

Como consecuencia de la formación económica surgida en España desde 1957, fue posible culminar la transformación del Banco de España, en cuya base encontramos, tanto fundamentos de Pareto, como de Flores de Lemus, y eso explica la aparición, en nuestro Banco emisor, de un Servicio de Estudios verdaderamente excelente a partir de su fundación, ligada a problemas que apasionaron desde la Restauración hasta el cambio radical debido a Ullastres. Todo comenzó con Olegario Fernández Baños, por cierto, uno de los fundadores de la Econometric Society, que albergó a su frente a excelentes economistas: basta citar, por ejemplo, a Sardá o a Luis Ángel Rojo, lo que acabó creando en el Banco de España magníficos mensajes lanzados por sus Gobernadores. Admiran, continuando, o incluso mejorando esa historia, las tesis actuales mantenidas por el actual Gobernador Hernández de Cos. Y eso es visible en su comparecencia ante la Comisión de presupuestos del Congreso de los Diputados, en relación con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022. La lectura de sus palabras pasa a ser fundamental, no sólo para los políticos actuales, sino también para los ciudadanos, debido al papel que para la economía española se ha derivado de la actual crisis ampliada por la pandemia. También, ante errores importantes de nuestra política económica, con evidencias tan considerables como las que se observan en el déficit del sector público, y sus consecuencias visibles en cifras considerables de deuda publica en relación con el PIB; así como por la existencia de una cifra global de paro que llama la atención, cuando se efectúan comparaciones internacionales, como vemos semanalmente en The Economist.

Al leer esta aportación de Hernández de Cos, surge inmediatamente, en todo economista aceptable, la tentación del plagio; mas, para evitarlo –porque ese vicio es ciertamente intolerable–, considero preciso intentar seleccionar, entrecomillados, los magníficos puntos de vista de su intervención.

Un posible párrafo inicial podría ser que «la incertidumbre continúa siendo notable, tanto en relación con el momento de ejecución de los proyectos (de los que habla el Gobierno), como respecto a su efecto multiplicador sobre la actividad y el empleo, lo que condicionará, de manera decisiva, la evolución económica en los próximos años», y como «sigue existiendo una elevada incertidumbre sobre el impacto final de la crisis sobre el tejido productivo … no puede descartarse que esos efectos pueden, por tanto, llegar a suponer un obstáculo para el gasto primario del Estado», y la Seguridad Social aumentaría (con el proyecto planteado) en un 18,9% respecto al año 2019, frente a aumentos del 8,3% y del 5,6% en el caso de los ingresos y el PIB nominal, respectivamente. Para el conjunto de las Administraciones Públicas, «este aumento del gasto entre 2019 y 2022 serían 11,7% … frente al incremento del 7% en el caso de los ingresos totales. Estas cifras ilustran la magnitud del reto del proceso de consolidación fiscal que habrá que acometer para consolidar la recuperación tras la pandemia, en la medida que ese incremento del gasto tenga un componente estructural importante, es decir, que esté ligado a gastos cíclicos o relacionados con la pandemia». Y así «el tono de la política fiscal, medido por la variación del saldo estructural, pasaría, de ser expansivo en 2021 … a ser prácticamente neutral en 2022, una vez que se incluya el impacto de los Fondos europeos».

Y es difícil no sentirse obligado, políticamente, cualquier ciudadano, al leer que «como resultado, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión Europea, el déficit estructural de las cuentas públicas españolas, que en 2019 se situaba en un 3,7% del PIB, 2,5 puntos porcentuales por encima del que se observaba en el promedio de economías de la Unión Europea Monetaria, se elevará hasta el 4,9% del PIB en 2021». Del mismo modo, entre finales de 2019 y el segundo trimestre de este año, la ratio de deuda pública sobre el PIB se ha elevado en más de 27 puntos porcentuales en España, hasta el 123%, porcentaje asimismo muy superior al que se registra en el promedio del área del euro (un 100,5%) en el primer trimestre del 2021. Todo esto hace que resulte «indispensable la implementación en el medio plazo».

Al actuar yo, simplemente, como profesor de economía, no encuentro posibilidad alguna de huir de ese mensaje, porque, efectivamente, el mantenimiento futuro de desequilibrios presupuestarios garantizaría altos niveles de endeudamiento público, además de reducir nuestro marco de actuación fiscal, ante posibles crisis futuras, lo cual supone «una considerable vulnerabilidad macrofinanciera para la economía española». ¿Alguien puede argumentar lo contrario?