El espectáculo de la coalición

En los dos años que llevamos de legislatura ha habido tiempo para confirmar lo que ya se sabía: que los gobiernos de coalición son muy entretenidos, porque los socios tienden a no soportarse y siempre acaban por dar espectáculo.

El arranque del nuevo año ha sido especialmente intenso en desajustes entre los socios. Conforme pasan los meses, PSOE y Podemos se soportan cada vez con más dificultad, lo que no significa que vayan a romper su acuerdo. El poder une mucho, y lo primero es lo primero. Pero, en ocasiones, se manifiestan con mayor crudeza no ya las diferencias entre los partidos, que son evidentes, sino las incompatibilidades, que no son pocas ni de rango menor. La polémica vodevilesca en torno a las declaraciones de Alberto Garzón ha expuesto a campo abierto la realidad de un departamento sin competencias, el escaso aprecio que el ministro genera en el resto del gabinete y, sobre todo y más preocupante, la inexistente coordinación dentro del Gobierno. Y esto último no es responsabilidad de Garzón, sino de más arriba.

Pero no es el único episodio pintoresco. En los pocos días que llevamos de 2022, la coalición se ve obligada a forzar la maquinaria de la negociación con sus socios parlamentarios, reacios a apoyar la limitada reforma laboral pactada por el Gobierno con los sindicatos y la patronal. De nuevo, Moncloa tendrá que rebuscar en sus bolsillos para conceder más dádivas a Esquerra, PNV y Bildu. Los fondos europeos ya están en los tribunales. Además, el Consejo General del Poder Judicial desautoriza el todavía nonato anteproyecto de ley de Vivienda. El informe que prepara el CGPJ amenaza con resultar demoledor contra el texto de la normativa, aunque se trate solo de un informe no vinculante.

Y no es menos sugestivo lo que se avecina. Porque el recién nombrado ministro de Universidades, Joan Subirats, se ha estrenado con unas declaraciones en las que aboga por un referéndum sobre «un cambio en la estructura del Estado». Mientras, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha proclamado que «los catalanes deben poder votar». Subirats y Montero forman parte del Gobierno de Pedro Sánchez.