Jueces, no gestores

Después de tres reales decretos el gobierno ha desvelado su política educativa para la enseñanza no universitaria; ha ordenado y fijado las enseñanzas mínimas para las etapas de Primaria, Secundaria Obligatoria y el Bachiller. Aparte de las facilidades para promocionar de curso y pasar de una etapa a otra o eliminar el sistema de evaluación –las notas de toda la vida-, la crítica se ha centrado en dos aspectos: que todas las materias –matemáticas incluidas– se impregnen de la visión de género y por maltratar las asignaturas de Historia y la Filosofía.

Parto, eso sí, de la premisa de que el Estado fija unas enseñanzas mínimas y que el resto de las Administraciones educativas –léase las autonómicas– podrán complementar esos mínimos, lo que lejos de calmar inquieta, más que nada por aquello de la igualdad entre españoles, tanto por razón del territorio como según vayan los hijos a un colegio público o privado. De manera genérica ya me he referido en estas páginas a esas novedades y, de la misma forma, a su incidencia en lo que serán los futuros profesionales. Ahora quiero centrarme en sus efectos en los futuros jueces, consideraciones trasladables a los juristas en general, cualquiera que sea la forma de vivir el Derecho y aplicarlo.

La visión de género se erige en la única política existente, convertida no ya en materia transversal sino en verdadero eje de toda política. Aunque se caiga en el ridículo. Aún resuena la indignación tras la reunión de la Ministra de Justicia y otros altos cargos de ese Departamento con la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Se le expusieron sus necesidades más vitales y la ministra pareció recibirlas entre la indiferencia y el desconocimiento –¡y es juez!–; eso sí, dio cuenta de su intención de sembrar su páramo ministerial con políticas de igualdad, en un ámbito donde la mujer lleva años en creciente y abrumadora mayoría. Los hombres se lo agradecemos.

Más enjundia tiene el maltrato a las asignaturas de Filosofía e Historia. Soy de letras y gracias al Latín y Griego aprendí cultura clásica y a cuidar el lenguaje, las palabras; y gracias a la Filosofía y a la Historia, ambas bien impartidas, he tenido defensas frente tanta manipulación: pude entender muchos porqués de esta vida, de las claves de tantos fenómenos históricos. Desde mi experiencia deduzco que, malogrado el estudio de la Filosofía, ese vacío formativo se irá llenando con derivados intelectuales como son las ideologías o sus sucedáneos, todo sembrado a base de eslóganes, prejuicios, tuits o ideas facilonas. Y malograda la Historia, su lugar lo ocuparán fabulaciones.

¿Cuáles serán las consecuencias para la formación de los futuros juristas? Siempre he valorado en el jurista, en general y especialmente en el juez, que conozca no sólo el qué sino el porqué y el para qué de las normas, exigencia muy necesaria para su correcta interpretación y aplicación. Cada figura o instituto jurídico tiene su historia, su evolución y responde a una razón y en ambos aspectos –historia y razón– se entremezclan costumbres, episodios históricos, crisis variadas, corrientes políticas, ideas económicas, etc. Y todo eso no puede sustituirse o explicarse enfocando y reduciendo el saber jurídico a visiones de género, ni reducir el estudio del Derecho como si se tratase de la lectura de un manual de instrucciones para manejar un artilugio digital.

En la Carrera de Derecho estudiábamos Derecho Natural y Filosofía del Derecho, más Historia del Derecho y ésta tanto en general como concretada en las diversas asignaturas. Con la universidad a la boloñesa que tenemos no sé en qué habrán quedado esas asignaturas, pero si existen aún y los futuros estudiantes llegan a las Facultades ignaros en Historia o en Filosofía, como mínimo lo tendrán difícil para entender esas y otras asignaturas. Quizás esto ya ocurre, como lo vi en el caso de un hijo mío. Le pregunté qué le explicaban en Filosofía del Derecho y me contó que los artículos de la Constitución, ni siquiera su profesor –creo que profesora– se centraba en explicar qué es eso de los valores y principios constitucionales, su significado y fundamento.

Si esas enseñanzas se descuidan desde el colegio o instituto, de las universidades saldrán meros aplicadores del Derecho, jueces homologados –y lo digo con todo respeto– a gestores administrativos, expertos quizás en trámites, pero con un saber sin alma. No sabrán Derecho sino qué dice la ley y ésta como designio del poder, mudable a su capricho; no captarán qué hay detrás, cómo queda la persona, sus derechos y su dignidad. O no sabrán qué es eso de la lógica y el razonamiento jurídico y lo sustituirán por ocurrencias o ardides. O por lo que les dicten pues, al fin y al cabo, serán el fruto de un sistema educativo diseñado para no tener ciudadanos, sino votantes.