Demérito

Lucía cree que servir es comprometerse. Se habla estos días mucho en la tele y en la radio de servidores públicos, y no piensa Lucía en políticos, que también lo son. Se fija más bien en el modo perverso en que a menudo entienden el compromiso esos servidores con mandato popular. Alimentando, por ejemplo, el descrédito de otros servidores públicos, acaso más comprometidos que ellos con su propio país. ¿Quiénes? Pues, por ejemplo, funcionarios de tan sensible responsabilidad como los agentes del Centro Nacional de Inteligencia, tomados por el gobierno como rehenes de cambio para comerciar apoyos, o los policías piolinizados por Pedro Sánchez en un lance parlamentario que pretendió ser de ácida esgrima oratoria y en realidad mostró que el presidente no sólo compra la dialéctica independentista, sino que da por buena la burra de los sediciosos de que aquello de enviar policías en el otoño de 2017 a sostener el orden constitucional fue un error del gobierno de Rajoy. «Ustedes mandaban piolines a Cataluña, nosotros llevamos a la selección española»: gran hito de la oratoria parlamentaria.

La siguiente pantalla, observa Lucía, ya no son espías ni agentes con placa, sino una cierta idea de gestión de la Historia. Esta vez los servidores no son moneda ni arma arrojadiza: más bien se trata de los propios actores del melodrama. El escenario es la política, y los intérpretes, el coro disonante de servidores obligados a pronunciarse sobre el hecho nada banal del regreso a España de Juan Carlos I.

Aquí, distingue Lucía, hay de todo, pero se perfilan con más notoriedad dos miradas irreconciliables como líneas paralelas: los que defienden que la hoja de servicios del Rey es tan brillante que su fulgor anula mácula o sospecha alguna de acción censurable, y quienes cargan tanto las culpas sobre el emérito como para ubicar su figura a la altura de los mayores golfos apandadores o corruptos de salón que ha conocido la Historia de España. Entre estos últimos le parece a Lucía muy notable la tribu indepe que lamenta el regreso de alguien con quien la Justicia española no tiene pendiente cuentas, al menos a la luz pública, mientras exige inmediato regreso sin deuda alguna de golpistas condenados por actos sediciosos contra el Estado Español. Aquí resulta hasta patética la interesada verborrea de alguien como Laura Borrás, presidenta del parlamento catalán, imputada por malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración, permitiéndose llamar corrupto al rey emérito. Es normal: torcer la realidad hasta ajustarla a la propia visión es lo habitual entre quienes mantienen la ensoñación de una Cataluña independiente. Los corruptos del tres por ciento, animadores de golpes e involuciones, son muy de dar lecciones a los demás sobre limpieza democrática.

Integran la otra banda quienes dan muestras de que pase lo que pase, incluso en el caso de que finalmente se demostrase lo que hasta el momento son sospechas o denuncias interesadas, estimarían que con la hoja de servicios de Don Juan Carlos se lavaría cualquier acción individual de aprovechamiento de su posición.

Luego está el gobierno, que se pone de perfil y para que no se le asigne asiento en un coro o en otro, dice –a sabiendas de que en una monarquía parlamentaria es el gobierno el que gestiona en la distancia la institución– que esto no es cosa suya y al mismo tiempo le pide al emérito explicaciones. Piensa Lucía que si tiene algo que explicar será a la justicia, pero quizá se equivoque.

Se le antoja que ser Rey no es un compromiso envidiable. Esa jefatura del estado, cuya lealtad no es a los partidos o temporal como la que tendría un presidente republicano, que tampoco aceptaría ser dirigido desde el gobierno, está sometida a dos rigores nada sencillos: la soledad y la perpetuidad. El compromiso institucional de un monarca es una labor que se ejerce en solitario: hasta los más cercanos asesores mantienen una distancia casi siempre insalvable. Y el carácter vitalicio de esa responsabilidad no deja de ser una condena eterna a esa soledad y una vida inevitablemente alejada de los serenos espacios de la gente corriente. Así al menos lo ve ella. No es un privilegio ser rey, más bien un compromiso de servicio que solo desde una conciencia profunda del propio papel institucional se puede sobrellevar sin menoscabo personal.

Admira por eso al rey Felipe VI y a la reina Letizia. Y lamenta el ruido de interesados sables políticos que rodea a quien, sin duda, sirvió en soledad a su país en momentos difíciles, pero pudo quizá olvidar que desde aquella altura podría sentirse impune, pero tendría que ser responsable, profundamente responsable.

No será Lucía de las que aliente las guillotinas o participe en lapidaciones. A estas alturas, sólo espera que si el ciudadano Borbón –Garzón dixit– fue actor en negocios indecentes, la justicia pueda exigirle cuentas y él pagarlas. Pero mientras tanto, pueda ejercer su derecho a emeritar, a mantener honores y recibir aplausos, y no ser juzgado en plaza pública por dimes y diretes, sospechas o denuncias. Tampoco blanqueado por haber sido quien fue. Seguir agitando lo inmaterial no provocará sino demérito para una institución que sigue siendo nuclear en la vertebración de este país, monarquía parlamentaria constitucional.