Impertinencias europeas

Ya me he referido a esa suerte de extorsión que algunas organizaciones internacionales, humanitarias y salutíferas, ejercen sobre países del Tercer Mundo. Se les extorsiona condicionando las ayudas al desarrollo a que instauren y se comprometan con políticas que favorezcan la salud reproductiva y sexual de las mujeres, o sea, que legalicen o liberalicen el aborto. O dicho en román paladino: ayudas a cambio de que faciliten una política sanitaria que consiste en matar aséptica y clínicamente a no nacidos. Eso y no otra cosa es la eufemísticamente llamada salud sexual y reproductiva.

También nuestra querida Unión Europea lleva tiempo apuntada a ese neocolonialismo. Pero, además, como es coherente, predica con el ejemplo y quiere poner el orden abortivo mundial empezando por su propia casa. Para ello abronca, y con reiteración, a los Estados miembros con legislaciones que restringen el aborto, instándoles a que las eliminen. Esos Estados cavernícolas serán pocos (Polonia, Malta, Eslovaquia, Hungría), pero nada es poco para el lobby del aborto. Muestra de su agresividad es el presidente francés, Macron, que al poco de estrenar Francia la presidencia de turno de la Unión defendió que el aborto se reconociese nada menos que como derecho fundamental en la Europa comunitaria.

Pero la Unión Europea parece que quiere llevar el colonialismo abortivo más allá del Tercer Mundo. Olvidando que lo que era alguna antigua colonia ya no lo es, se adentra en ese antiguo territorio que colonizó y que ahora ejerce de superpotencia. Me refiero a Estados Unidos. Para mí que con insolencia el Parlamento Europeo le ha dedicado una resolución: la «Resolución del Parlamento Europeo sobre las amenazas al derecho al aborto en el mundo: la posible anulación del derecho al aborto en los Estados Unidos por parte de su Tribunal Supremo». No sé qué pensaran en Washington sobre esa incursión en su soberanía, pero no descarto que haya gringos –empezando por el insípido presidente Biden– que no hagan ascos a esa interferencia y apoyen semejante amonestación porque están en la pomada del lobby abortista mundial.

Ahora bien, tampoco esos gringos necesitan de muchas ayudas externas y ha bastado que se filtre que su Tribunal Supremo se plantee rectificar su jurisprudencia para negar el derecho al aborto para que se desate la violencia física contra organizaciones provida, se amenace a esos jueces o se descubra un plan para atentar contra algún congresista provida. Y es que cuando el acoso a la vida del no nacido es un objetivo planetario, en ese lobby alguno estará hiperventilando al ver que Estados Unidos, potencia abortista, da pasos en favor de la vida.

Todo esto es indignante pero mi conciencia de juez se sube ya por las paredes cuando contemplo que la Unión Europea –que va de civilizada y exquisita–, a través de la eurocámara, tiene la grosería de inmiscuirse en la independencia de la Justicia de otro país que le es ajeno, y no de un país cualquiera, sino de los Estados Unidos y no de un tribunal cualquiera, sino de su Tribunal Supremo, y ni siquiera por una sentencia, sino por un proyecto de sentencia. ¿Quiénes se creen que son esos pazguatos europarlamentarios para dar semejante paso?

Al margen del tema concernido –el derecho a la vida– me pregunto, ¿con qué autoridad la Unión Europea pueden censurar a Polonia o Hungría por sus políticas contrarias a la independencia judicial si su propio parlamento intenta interferir la independencia de un tribunal extranjero, y no precisamente tercermundista? Y por hablar de Polonia, cuando la Unión Europea censura a ese Estado miembro por sus atentados contra la independencia judicial, ¿qué autoridad tiene la eurocámara para atacar al Tribunal Constitucional polaco por haber restringido el derecho al aborto?.

Así están las cosas y con este ambiente y estas presiones nada bueno cabe presagiar en España. Nuestro Tribunal Constitucional lleva doce años sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley de 2010, la que nos dice que es un derecho de la madre acabar con la vida del hijo que engendra y viendo por donde sopla la Unión Europea, dudo que haya coraje para decir que esa ley es contraria a la Constitución y lo es, además, porque ya resolvió en 1985 hasta dónde podría llegar una despenalización.

Y la guinda. Estas noticias coinciden con nuestra última alarma demográfica: el INE informa que el crecimiento demográfico español está al nivel de 1942. Una hecatombe. Pero ese desastre no lleva a reflexionar cómo, con semejante dato, nos hemos «permitido el lujo» desde 1985 de haber mandado a la incineradora de residuos clínicos a dos millones de no nacidos o si es temerario inculcar a las nuevas generaciones una mentalidad y una sexualidad sin respeto a la vida del no nacido, o se planee por ley el reparto juvenil de píldoras del día después. Gratis, por supuesto.