Doña Laura, eso pasa por ponerse estupendos

A la presidenta del Parlament de Cataluña se la han fumigado los de la izquierda, aplicándole uno de esos engendros jurídicos anticonstitucionales que ella misma ayudó a forjar. Ya sabemos que, desde hace unos años, los españoles vivimos en un estado de excepcionalidad jurídica a cuenta de la corrupción, y que han sido políticos como doña Laura, necesitados de blanqueo como una ochavona en la Caracas del XVIII, los que más han hecho por destruir el derecho a la tutela judicial efectiva, aunque, todo hay que decirlo, con la inestimable colaboración de la Prensa, que ahí tenemos el caso de los trajes de Camps como monumento al sectarismo más pedreste. Son esos pendulazos tan nuestros, en los que pasamos del desprecio a la «versión policial» a dar por hecho, como si fuera palabra de Dios, unas diligencias de UDEF con más agujeros probatorios que el gabán de un sin techo. Y, luego, está lo de algunos fiscales y jueces, empeñados en unas investigaciones prospectivas, más propias de la inquisición, que puede alargar un procedimiento penal más de una década. Uno, que no sale de su asombro ante la realidad de que un tribunal de excepción, como es la Audiencia Nacional, heredero del TOP franquista, no haya sido puesto en cuestión por los partidos políticos, y actuado en consecuencia, se consuela cuando escucha las quejas de doña Laura Borrás, tildando a sus socios de «jueces hipócritas», con la esperanza de que un día, cogidos en su propia trampa, dejen de manosear las leyes y reglamentos y el país vuelva a la normalidad. Aunque, claro, doña Laura será separatista, pero pertenece a un partido de derechas, con lo que no le arriendo la ganancia, que, en esto de la corrupción, la izquierda se las da de vírgenes prudentes, mientras impulsa sin el menor rubor «la probatio diabólica» contra el adversario. El caso es que a doña Laura le hubiera venido muy bien el respeto a esa Constitución que tanto desprecia, por lo menos, para que sus derechos políticos no se hubieran ido por el desguás, que es como se dice desagüe en catalán. A ver, no sólo la Carta Magna estable el derecho de todos los españoles a la presunción de inocencia, sino que en temprana sentencia de Tribunal Constitucional, la 31/81 de 28 de julio de 1981, dictamina que el respeto a esa presunción de inocencia está vinculado a todos los poderes públicos. Es decir, también al Parlament de Cataluña. Pero en 2017, los partidos de la coalición separatista, de la que formaba parte la formación de doña Laura, se pusieron estupendos contra la corrupción, eso que creían solo cosa de fachas mesetarios, y se sacaron de la manga una reforma del reglamento, el artículo 25.4, para retirar la condición de parlamentario a quien, procesado por un delito de corrupción pública, se le hubiera comunicado la apertura de la vista oral. La norma es de traca, puesto que aplica una sanción grave antes de que los jueces, en el procedimiento de la vista oral, que es lo que cuenta, hayan establecido la culpabilidad del afectado. Pero así se han hecho las cosas en Cataluña. Ahora, que vemos a políticos de la izquierda cumpliendo el paseíllo y purgando la pena del telediario, mientras decaen la mayoría de la causas abiertas contra los populares, cabe la probabilidad de un retorno a la normalidad y los tribunales dejen de ser otra pista más del circo político. Por soñar...