Aquí y ahora

Las elecciones italianas han demostrado que la izquierda no acepta la democracia cuando pierde. Eso, y que tampoco comprende que lo que está en juego cuando cambia el Gobierno en un país es la ideología de sus miembros y por tanto la dirección política de sus decisiones. Siendo mucho, como lo es, no debería afectar a la arquitectura institucional y constitucional de un país, al resto de poderes del Estado y a su sistema de contrapesos, ni tampoco a la independencia de las instituciones que dan fortaleza a una nación.

En Italia es pronto para saber por dónde van a ir las cosas, pero cualquier análisis que se realice sobre su situación política debe partir del respeto a la fortaleza institucional de una nación que ha demostrado tener una jefatura de Estado vigorosa, un poder parlamentario firme, un sistema judicial y de control constitucional muy potente y una adscripción europea fuertemente asentada. Por eso resultan sorprendentes las lecturas interesadas que se han hecho en España por parte de algunos sectores, como si en nuestro país no tuviéramos, y no es un augurio, sino una realidad palpable, a uno de los gobiernos más radicales del continente europeo, no sólo en la acción ejecutiva y legislativa que le pueda ser propia, sino en lo que se refiere a un proyecto definido y en marcha de colonización institucional como el que está protagonizando la coalición de Sánchez y Podemos con el apoyo de Bildu y Esquerra.

Un proyecto en el que la justicia es la pieza más codiciada, como prueba el control y sometimiento de la Fiscalía General del Estado, aupando para el puesto a toda una ministra y diputada socialista, o el auténtico 155 que se le está aplicando al CGPJ, suspendiendo sus competencias para cubrir vacantes en los tribunales, lo que ha provocado un colapso sin precedentes en los más importantes órganos jurisdiccionales. Un asalto que continúa con la ofensiva para ocupar, contra viento y marea, el Constitucional, en medio de un clamor que recorre Europa, cuyas instituciones ya se han pronunciado de forma clara, para reformar el sistema de elección del Gobierno de los jueces, de forma que éstos elijan a 12 de los 20 vocales, pero que el Gobierno, empeñado en hablar solo de sillones, está empeñado en desoír, mientras convierte la figura del indulto en una suerte de última instancia no-judicial de acceso exclusivo para militantes y socios.

Una colonización institucional que alcanza a organismos como el Instituto Nacional de Estadística, que ha revisado el PIB nueve veces en un año, generando dudas y controversias políticas por primera vez en toda su historia, después de que Nadia Calviño, que protestó los primeros malos datos de inflación, sustituyera a su presidente. O a RTVE, donde el sesgo informativo nunca es suficiente para las necesidades del Gobierno, y por eso se ha cesado a su responsable reforzando literalmente el sanchismo, justo la semana en que Carmen Calvo decía que «los profesionales de RTVE tienen que tener sensibilidad y responsabilidad con lo que han dicho las urnas».

Los que tanto se rasgan las vestiduras con Italia, antes de ver la paja que todavía no ha entrado en el ojo ajeno harían bien en revisar la viga que ya tienen en el propio. Es una realidad innegable que en España gobiernan extremistas con un programa colonizador de instituciones destinado, no solo a asesinar a Montesquieu, sino a secuestrar la verdad. Y eso está pasando aquí y ahora. Este gobierno radical solo acierta cuando rectifica y acepta las propuestas del Partido Popular, y ante ello ya solo cabe pedir un adelanto electoral.