La presión sobre el Constitucional

Uno de los aspectos infundados de la grave crisis institucional del Poder Judicial reside en la presión que sufre el Tribunal Constitucional. Es otro disparate impropio de una gran democracia. Ni se puede ni se debe trasladar a este órgano el peso de una cuestión que es responsabilidad de la incapacidad de entendimiento entre los dos grandes partidos que han dirigido nuestro país desde la Transición. Es insólito que las críticas provengan de juristas que conocen, o deberían conocer, nuestro ordenamiento jurídico. El PP y Vox presentaron dos recursos por la caprichosa decisión del Gobierno de retirar al CGPJ la capacidad de realizar nombramientos con la excusa de que está en funciones. En todo este período no había sido un problema y se habían ido cubriendo las vacantes, pero el PSOE y Podemos querían presionar al PP bloqueando el funcionamiento de las instituciones. No podría decir lo mismo si se hubiera realizado al año de estar en funciones. Este hecho objetivo permite considerar que fue una decisión estrictamente partidista. Los precedentes en Derecho son muy importantes y esta realidad sitúa en una posición muy frágil al Gobierno.

Es cierto que repuso la capacidad de nombrar a los dos magistrados del TC tal como establece la Constitución, porque no existía un fundamento jurídico que pudiera avalar una decisión tan arbitraria. Me parece que lo es también la otra parte, aunque se pueda aducir, estableciendo un paralelismo, que un Gobierno tiene limitadas sus capacidades cuando pasa a estar en funciones. Con respecto al CGPJ, la Constitución no establece ninguna limitación sobre sus capacidades cuando agota su mandato y sus integrantes siguen siendo juristas. No hay duda de que la situación actual es una anomalía y un descrédito institucional, tanto en España como en la UE. No se puede exigir al TC una sentencia urgente en un tema tan apasionante como complicado. En cualquier caso, en nada influye con respecto a la cuestión de la anómala situación del CGPJ. No parece fácil que se pueda lograr una sentencia unánime sobre estos dos recursos y, en cualquier caso, una de las partes se adheriría a los votos discrepantes para defender sus críticas. Es bueno dejar el TC al margen de la batalla política, ya que no se ha podido hacer lo mismo con el CGPJ.