La amnistía ilegal que marcha a ninguna parte

La Ley de Amnistía quema etapas en el trámite parlamentario con la desagradable y alarmante percepción de que se ha naturalizado como un proyecto más -uno de tantos del sanchismo- y no como uno de los principales ataques al estado de derecho en la historia de la democracia. El plazo para la presentación de las enmiendas parciales a la iniciativa finaliza hoy después de que la proposición de ley fuera tomada en consideración por el Pleno del Congreso en diciembre y superara el debate de totalidad con el rechazo de los textos alternativos del PP y de Vox el pasado martes. La prioridad máxima de los separatistas catalanes, pero también de los socialistas y populistas, es consolidar un reforma que pueda blindar el perdón inconstitucional una vez constatado que la impunidad del prófugo Puigdemont no está siquiera próxima y que la controversia se dilatará sin un epílogo feliz garantizado. Los «amnistiadores» y los «amnistiados» se han embarcado en un pulso leguleyo y en buena medida extravagante como es el de la cancelación de la cuestión prejudicial que suspende la aplicación de cualquier norma en la legislación nacional y la comunitaria. Querrían ahora que el ordenamiento español fuera soberano y no subalterno al de la Unión, lejos del alcance y la influencia de Pedro Sánchez. Es más que probable que busquen subterfugios y artimañas a su paso por el Congreso para retorcer y falsear la vigencia de principios que son generales del Derecho con la complicidad de los terminales togados de Moncloa, pero no prosperarán porque los fundamentos y las instancias europeas son especialmente garantistas y sensibles en la protección del estado democrático en su ámbito de competencias y autoridad. Sánchez y Puigdemont tienen prisa por que el BOE publique el indulto colectivo de los golpistas y el resto de beneficiarios allegados al huido de la Justicia. Se han asegurado que una proposición de ley burle los órganos consultivos, sin informes ni dictámenes objetivos que pudieran entorpecer. El PP ha planteado en sus enmiendas parciales la comparecencia de expertos y juristas en la Comisión de Justicia para llenar esa anomalía aciaga. La mayoría de la investidura ha subvertido la integridad del orden y la naturaleza parlamentarias para evitar el más mínimo desgaste y la exposición propia de un trámite ordinario y prolongado, nocivo para sus intereses. El argumentario monclovita es infame y son muy conscientes de ello, aunque lo hagan con un descaro que torna en montaje fraudulento en términos jurídicos y constitucionales. Ha pasado más de mes y medio desde que el ministro Bolaños se jactara de que había «cero preocupación» en Bruselas por el estado de derecho y la separación de poderes en nuestro país y desde entonces no han parado de sucederse manifestaciones en sentido contrario. Urge una movilización intensa en las instituciones nacionales y europeas contra la corrupción moral de unos políticos que exculpan a otros políticos. No estamos ante una batalla perdida.