Ajustes y autonomías

En el terreno económico, las Comunidades Autónomas recorrieron durante muchos años un escenario idílico, porque gastaban sin recaudar, característica que durante el largo ciclo expansivo posterior a la crisis de comienzos de los años noventa llevó al delirio despilfarrador y en ocasiones, además, corrupto. La nueva crisis de nuestros días, empero, acabó por enfrentar a las autonomías con los temidos ajustes y los dolorosos recortes.

En una primera instancia, como siempre, los políticos de todos los partidos pretendieron vadear el río sin mojarse en absoluto: todos recordamos las cálidas falacias de quienes nos aseguraron que todo se resolvería con menos teléfonos móviles, gastos de representación, coches oficiales, asesores y demás paramentos en los que habitualmente exageran el gasto los que tiran con pólvora del rey. Sin embargo, por necesarios que fueran, que lo eran, esos ajustes no alcanzan ante una crisis tan dura como la que se inició en 2007 y nos arrastró al abismo en 2009. Para colmo de males, la recuperación que, gracias al sector privado, se inició débilmente entonces, fue abortada por las autoridades dos años después. El derrumbe de los ingresos disparó el déficit de las Administraciones Públicas hasta niveles insostenibles. ¿Qué hacer? Lo que se debió hacer nunca se hizo: reducir el gasto público en la medida necesaria para contener el déficit sin subir los impuestos. Al contrario, se subieron los impuestos y también el gasto. Inevitablemente, llegó la hora del ajuste en los capítulos llamados "sensibles", es decir, los que realmente pueden hacer perder votos a escala estatal (paro, pensiones) y también autonómica (sanidad, educación). Ningún político está preparado para acometer reformas de calado en esos capítulos. Por tanto, su problema es ponderar qué les cuesta políticamente más: reducir allí el gasto, seguir subiendo los impuestos, o una mezcla de las dos cosas. Se admiten apuestas