Impuestos, desempleo, y fraude

La lucha del Estado contra el fraude, al revés de lo parece, suele ser un señuelo. Se trata de revestir de mérito lo que es un vicio, de presentar como valiente lo que es cobarde. Así, cuando los políticos, esos socialistas de todos los partidos, alegan que van a luchar contra el fraude fiscal, lo que hacen es ocultar que, como a ellos les conviene más subir los impuestos que bajar los gastos, entonces subirán los impuestos a pesar de que es lo peor que se puede hacer ante una crisis económica; pero los subirán y lo intentarán tapar con la excusa de la intensificación de la lucha contra el fraude fiscal, como si aquí el fraude fiscal se produjera por la maldad humana y no por los impuestos; como si el asunto a resolver radicara en los que no pagan impuestos y no en los que efectivamente los pagamos, y cada vez más.

Otro tanto sucede con el plan contra el fraude en el ámbito del empleo y la Seguridad Social, aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Todo el plan traslada la responsabilidad a los ciudadanos, como si el paro y el fraude no tuvieran nada que ver con las autoridades. Veamos los objetivos del plan: afloramiento de la economía sumergida; evitar fraudes en el acceso a prestaciones públicas, principalmente por desempleo; lograr que todas las empresas den de alta a sus trabajadores; y combatir los supuestos de aplicación y obtención indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y de otros incentivos relativos a las políticas de empleo. Es decir, no hay el más mínimo reconocimiento de que el paro no es culpa de la gente sino de la Administración, y de que el fraude es incentivado por la misma Administración que de cuando en cuando, y para distraer la atención, decide combatirlo