Cárcel para Desokupa, barra libre para los okupas

Que lo de la okupación no es ninguna broma ni tampoco una obsesión del PP o Vox, sino una triste realidad, lo demuestran las espeluznantes cifras. El año pasado se denunciaron 16.700 okupaciones en España, lo que conforma un total de 46 al día, que se dice pronto. Serán muchísimas más porque numerosos propietarios ni siquiera denuncian por miedo o porque, conscientes de que los trámites de desahucio duran años, prefieren intentar una solución negociada, que normalmente pasa por untar al delincuente que ha invadido tu propiedad para que acceda a largarse por donde vino. Delito al cuadrado, porque al de allanamiento de morada hay que añadir el de extorsión como mínimo.

Me molesta emplear el término «okupación» porque fue parido por piojosos patrios que implementaron esta costumbre procedente de Alemania y Reino Unido, donde de toda la vida de Dios los llamaban con la acepción anglosajona: «Squatters». Pero no queda otra porque si digo allanadores de morada, que es lo que son, casi nadie me entenderá. Y cuando hablo de la chusma okupa no incluyo, aunque sea igualmente delito, a esas familias cuyas cabezas se quedaron en la calle con niños a su cargo. Pero la inmensa mayoría son mangantes que quieren tener una casa por la patilla y, ojo porque ésta es la gran moda made in la España socialcomunista, arrendatarios que al contemplar lo cómodo que sale este ilícito penal optan por olvidarse de abonar la renta a sabiendas de la eternidad que tardan los tribunales en echarlos y la eternidad bis que cuesta incautarles el dinero adeudado. A estos últimos los denominan «inquiokupas». Manda huevos.

Otro dato lo apostilla absolutamente todo: un propietario tarda un promedio de 18 meses en largar al okupa por la lentitud de los tribunales y por esas imperantes leyes presanchistas que protegen a los golfos y castigan a la gente honrada a la que han birlado su casa, su segunda residencia o el hogar heredado de sus padres.

Peor aún lo tienen los «grandes tenedores» que, en contra de lo que parece por el nombre, no son restaurantes de lujo sino personas físicas o jurídicas que poseen más de «5 ó 10 inmuebles». A éstos directamente los joden a base de bien. La comunistoide Ley de Vivienda de Sánchez, los golpistas catalanes, ETA y Podemos les obliga a consumar todas las diligencias administrativas que deberían correr a cargo del invasor: desde la búsqueda de «una solución habitacional [sic]» hasta demostrar la no vulnerabilidad del pájaro.

Cuando en un país serio bastaría con llamar a la Policía para botar en horas al okupa, al allanador de morada, en resumidas cuentas, al chorizo. Y en esta estructura, que no coyuntura, surgió una empresa llamada Desokupa, que se encarga no sólo de las acciones legales sino también de enviarte a un grupo de armarios empotrados para recuperar tu vivienda cambiando la cerradura en el momento en el que el quinqui la abandona para ir a la compra u otro motivo. Jamás les han condenado, nunca han protagonizado un incidente violento –no les hace falta porque nadie se atreve a toserles y están bien entrenados– y ahora resulta que la gentuza del Gobierno quiere enchironarles a ellos. La basura podemita plantea ahora castigar con hasta cuatro años de cárcel las legalísimas prácticas de estas compañías que, buceando ingeniosamente en la norma, te solventan un drama ante el que la Administración se lava las manos. Una democracia no es digna de tal nombre cuando los allanadores de morada tienen barra libre y los que se okupan de arreglar lo que no arregla la Administración van caminito de Jerez.