7.066 Euros

Perdónenme, pero voy a hablar de mí. Sé que no es muy presentable, hasta puede ser de mala educación, pero lo hago por lo que puede tener de sintomático. Hace cinco años falleció mi padre y heredé la mitad de su vivienda; la otra mitad correspondía a mi madre en gananciales. Al liquidar el impuesto sobre incremento del valor de los terrenos –el de plusvalías– se me aplicó una sustanciosa bonificación; así lo preveía la ordenanza municipal de la gran capital donde vivo. Total, que pagué 654 euros.

Hace unos meses falleció mi madre y adquirí el otro cincuenta por ciento. Una mañana la llamada de la gestoría me dejó helado: me pedían una provisión de diez mil euros. ¿La razón?, como no soy un ávido lector de ordenanzas municipales, ignoraba que en estos años el Ayuntamiento de la gran capital donde vivo modificó esa ordenanza municipal y la bonificación desapareció. Cuando creía que tendría que pagar otros 654 euros me encontré con una liquidación de 7.066 euros.

Deduje que esa reforma respondía a la necesidad de llenar unas arcas municipales famélicas y hacer frente a un gasto público creciente. Y lo comprendí; con disgusto, pero lo comprendí. Lo mismo que tras pagar un IBI durante años de apenas 69 euros gracias a la bonificación por superfamilia numerosa, un buen año todo cambió por el ladino método de aumentar el valor catastral del suelo. De pagar 69 euros ahora pago 900 euros. Vaya manera de apoyar a las familias, pensé. Aun así esa imagen de las arcas municipales polvorientas, vacías y la contundencia del gasto creciente volvió a mi comprensiva mente.

Pero tanta comprensión ha saltado por los aires. Leo que el Ayuntamiento de la gran capital donde vivo tiene el propósito de volver, a partir del 1 de julio de este año, a la situación anterior, a las anteriores bonificaciones para el IBI. Ahora, precisamente ahora, en tiempo electoral y en puertas de 2015, año que será doblemente electoral. Es decir, que si mi pobre madre hubiera vivido unos meses más yo no tendría que haber pagado la discreta cantidad de 7.066 euros; una bagatela para una familia media y, además, numerosa. Y todo por una estrategia electoral.

La fiscalidad no es un juego. Como es sabido en los orígenes de las democracias parlamentarias está el ejercicio del poder fiscal: la exigencia de tributos necesitaba de la aprobación de los súbditos, el monarca precisaba de su autorización. Y que el poder fiscal, el poder de crear y exigir tributos, tiene una relevancia económica, creo que está fuera de toda duda. Es, por tanto, un instrumento muy delicado.

La crisis ha hecho que haya menos cotizantes, menos contribuyentes para hacer frente a un nivel de gastos respetable; esto ha llevado a recortes, más presión fiscal, aprietes de cinturón y rebajas salariales. No entro en lo que de patológico haya tras el elevado gasto público, patológico porque me refiero a inflación administrativa, subvenciones ni cómo los casos de corrupción han incidido en ese gasto. Planteo un panorama «blanco»: la caída de la actividad económica, propia de una crisis, no permite allegar recursos suficientes para financiar el gasto.

El futuro no está ni mucho menos claro, porque no lo está que se vayan a cumplir los objetivos de déficit, la recuperación se atisba lenta y se basa en indicios; además Bruselas advierte de que hay que recortar aún más. Cuando esto es así veo una frivolidad hacer ofertas tributario–electorales. Al menos en el ámbito local, donde no ha habido cambios estructurales en su modelo fiscal.

Vuelvo a mi caso. Como a casi todos, me han dado palos fiscales y salariales y lo he asumido como un esfuerzo inevitable. Pero cuando el panorama no despeja se anuncian esas alegrías tributario-electorales. Si pese a que nada ha cambiado hay espacio para bajar impuestos, me pregunto si el esfuerzo que hice cuando pagué 7.066 euros obedecía a una razón seria. Igual que ahora toca rebajar impuestos, repito, sin cambio de panorama, puedo pensar que antes no había necesidad; o que la hay, pero ya vendrá un apriete fiscal postelectoral. Puedo pensar que estamos ante una fiscalidad caprichosa y esto no es serio.