Abandono

La decisión adoptada por Kenia de abandonar la Corte Penal Internacional es una mala noticia. Los esfuerzos que viene realizando la comunidad internacional para establecer tribunales que impongan la justicia en la sociedad internacional contemporánea no se ven compensados, en muchas ocasiones, por el apoyo de los estados. La posición keniata responde, sin duda, a la voluntad de la Corte de juzgar al presidente del país, Uhuru Kenyatta, y a su vicepresidente, William Ruto, acusados de haber cometido crímenes contra la humanidad, con ocasión de las elecciones de 2007. Con ello, se prueba que la adhesión de los estados a la justicia universal está condicionada, en numerosas ocasiones, por razones de oportunidad política. El derecho internacional cede, con bastante frecuencia, ante el poder de la política internacional. El objetivo último de la creación de un tribunal de este tipo no es otro que castigar a quienes hayan cometido delitos especialmente graves y, al mismo tiempo, avisar a quienes estuvieran dispuestos a cometerlos de las consecuencias a las que se enfrentarían. La lucha contra la impunidad se ha iniciado hace algún tiempo por una parte importante de la sociedad internacional y sólo queda que los estados acepten la jurisdicción de los tribunales encargados de acabar con los hechos delictivos. Pero la decisión de las autoridades keniatas debe hacer reflexionar a quienes ponemos nuestras esperanzas en tribunales internacionales encargados de velar por el respeto de los derechos humanos. Desafortunadamente, las violaciones de estos derechos acontecen en todos los lugares del planeta y, en diversos países, habitan quienes han cometido crímenes contra la humanidad. Sorprende, por ello, que la Corte Penal Internacional se haya especializado básicamente en asuntos africanos y que tan sólo dirigentes de países de África estén siendo juzgados por este tribunal. O no se cometen crímenes por parte de los dirigentes de países que pertenecen a otros continentes o se está produciendo una disfunción que es preciso corregir si queremos que la Corte cumpla plenamente sus funciones. Además, aquellos estados que no han aceptado estar sometidos a la jurisdicción de la Corte deberían recibir el rechazo y la reprobación de la comunidad internacional y habría que exigirles a algunos, como a los Estados Unidos, que dieran muestras de su plena adhesión al orden internacional aceptando que sus dirigentes y militares puedan ser juzgados por tribunales de este tipo. Todo va en contra de la justicia universal, pero la sociedad internacional debe seguir afianzando la existencia de tribunales que defiendan el respeto de los derechos humanos.