César Lumbreras
¡Agua va!
¡Albricias! El Gobierno concluyó ayer el primer ciclo de la planificación hidrológica competencia del Estado con la aprobación de los planes de las cuencas del Segura y Júcar, dos de las más complicadas. Ha sido con más de cuatro años de retraso sobre la fecha tope prevista en la normativa de la Unión Europea, pero se ha logrado. Cuando el actual Ejecutivo tomó posesión, en diciembre de 2011, no estaba aprobado ninguno de los 12 planes, a pesar de que deberían haberse «liquidado» en 2009, con Zapatero en La Moncloa. Sin embargo, el uso electoralista que este último hizo de todo lo relacionado con el agua en 2003 y parte de 2004, provocó que se encontrase rehén de sus propias promesas. Con Cristina Narbona al frente del Ministerio correspondiente continuó el uso político y partidista del agua, asunto que estuvo en aquellos años en el primer plano de la actualidad.
A partir de 2008, con Espinosa en la cartera de Medio Rural y Medio Ambiente, se logró que la política de aguas pasase a un segundo plano y estuviera menos expuesta al foco mediático, pero no pudo conciliar las diferentes posiciones que coexistían en el seno de los socialistas sobre política hidráulica, lo que impidió avanzar en la planificación. Ha sido el PP, con Cañete y Tejerina de ministros, el que en dos años y medio ha cerrado los 12 planes a base de perfil bajo, negociación y trabajo discreto. El agua es un bien escaso en España y lo que sucede este año, con los pantanos muy llenos, no es lo normal, sino lo excepcional, algo a tener en cuenta cuando se aborde la política hidrológica, en la que se debería dejar a un lado la demagogia. Es un asunto de Estado.
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