Asalto independentista al estilo bolchevique

Es un documento de apenas 16 páginas. Todavía es una propuesta que se someterá a la asamblea que se celebrará el próximo 5 de abril en Tarragona. En esta hoja de ruta, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) se erige en representante único de la sociedad civil, se arroga la representación de la mayoría del pueblo catalán y define la estrategia para llegar a la independencia. El estilo recuerda a los movimientos que los bolcheviques realizaron en la Rusia de 1917 o los nazis en la Alemania de 1923. El lenguaje también recuerda otras épocas y la estrategia es una reproducción de la guerrilla urbana para hacerse con el control de los resortes de poder al margen de las instituciones establecidas y declarar la independencia. Diez días después de conocerse el documento, el presidente de la Generalitat no ha rechazado la insurrección que plantea la ANC. Quizás no lo ha hecho porque no descarta la declaración unilateral de independencia. El objetivo final de la ANC. La presidenta de la Asamblea, Carme Forcadell –militante de ERC, tiene bajo control la política catalana. Marca tiempos y estrategias y cuenta con la protección del aparato mediático de la Generalitat. Quien ose enfrentarse, quien tenga la ocurrencia de poner en cuestión sus argumentos, es un «botifler» –traidor– al servicio de Madrid y al «servicio de la involución democrática del Estado español». La Asamblea no sólo se identifica con un pueblo, sino que será la organización «que empuje a los representantes políticos para que asuman la voluntad mayoritaria». Siempre las organizaciones nacionalistas asumen que en ellas recae la representación de «todo» un pueblo, y como es todo el pueblo quien lidera el proceso a la independencia, éste es «imparable e irreversible». De hecho, que se convoque una consulta el 9 de noviembre –ilegal para España, ilegal para Europa e ilegal para la Comunidad Internacional– es sólo un mero mojón en el camino. No es el fin, es el medio para llegar al objetivo final: la independencia. Por si acaso algún ayuntamiento no reconoce la consulta –y no facilita los censos–, se plantean dos soluciones: o el equipo de gobierno es derribado por una nueva mayoría o simplemente se deben arbitrar soluciones que presionen al consistorio «a partir de la iniciativa popular».