Audiencia internacional

Desde que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó su sentencia respecto a la «doctrina Parot» se han sucedido todo tipo de posiciones. La decisión de los jueces de Estrasburgo ha causado una gran impresión en la sociedad española y, aunque cabía que se produjera una postura de esta índole, no dejamos de sorprendernos. Las consecuencias de un fallo de este tipo son, realmente, desoladoras, y producen una profunda desazón. El dolor de las víctimas es tan inmenso que ninguno podemos consolarlas. Duele en el corazón ver en libertad a quienes causaron ese dolor y todos sentimos, con intensidad, que nuestro Estado de Derecho tiene grietas por las que penetran los intereses de los indeseables. El Derecho no siempre resuelve los conflictos y, en ocasiones, no se corresponde con lo justo. La justicia es mas noble que el Derecho, aunque éste es imprescindible para la convivencia. Pero debemos preguntarnos: ¿quiénes no modificaron el Código Penal cuando tuvieron más de treinta años para hacerlo y nos hicieron convivir, amargamente, con unas normas anteriores a la Constitución? ¿Quiénes no supieron ver que las víctimas del terrorismo debían ser lo primero en el diseño y la aplicación de las medidas que se llevaban a cabo en la lucha contra el terrorismo?, y ¿quiénes no se atrevieron a poner los derechos humanos en primera línea en todas sus actuaciones políticas? Hoy nos debatimos en cómo aplicar la sentencia de Estrasburgo y en cómo resolver jurídicamente los recursos que se presentan ante las instancias jurisdiccionales españolas. No podemos desconocer nuestro ordenamiento jurídico ni podemos, tampoco, hacer oídos sordos a lo que indica el Derecho Internacional. España ha vencido al terrorismo y a los terroristas, aunque seguimos pagando, infortunadamente y con creces, los errores anteriores. No hay fisuras en la lucha contra quienes cometieron esos crímenes y no debemos tolerar que nadie haga alarde de esos actos criminales. Seguro que la Audiencia Nacional es sensible a estos sentimientos y que comparte, con intensidad, el dolor de todos los españoles. La defensa de la legalidad debe inspirar su comportamiento y debe aplicar, aunque con desolación, el fallo de Estrasburgo. Es hora de que la sociedad española reaccione, con contundencia, respecto a aquellos que causaron tanto daño y que no se admita el más mínimo gesto de complacencia o satisfacción. No sabemos si las posiciones de los tribunales españoles serán, finalmente, diferentes o coincidentes. Pero nos equivocaríamos si pensáramos que la Audiencia Nacional es la culpable de la situación en la que nos encontramos, cuando fue en la Audiencia Nacional donde surgió la «doctrina Parot».