Cataluña quebraría

Entre los economistas existe un enconado debate acerca de las consecuencias económicas que conllevaría la independencia de Cataluña: algunos sostienen que sería un desastre, mientras que otros (especialmente desde el lado pro-independentista) consideran que podría ser muy beneficiosa. Sobre lo que, en cambio, no existe discusión alguna es sobre que una independencia administrada por las CUP sería económicamente catastrófica.

El propio conseller de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, escribía recientemente sobre las CUP que «son un partido anticapitalista de extrema izquierda (...), de modo que si insisten en que adoptemos desde el gobierno sus inclinaciones y prioridades, el apoyo al proceso entre las clases medias podría verse erosionado. Como miembro del gobierno en estos últimos cinco años, me permito expresar mi inquietud acerca de sus reclamaciones en forma de 54 condiciones, las cuales implicarían echar por tierra algunas de las buenas políticas y de los logros de los últimos años».

Parece, empero, que estas juiciosas reflexiones económicas de Mas-Colell han sido olvidadas con tal de llegar a un acuerdo in extremis con la formación de extrema izquierda. Así, en la última «Propuesta de acuerdo para la independencia» de Juntos por el Sí figuran gran parte de esas políticas que tan adversos resultados implicarían incluso desde la perspectiva de economistas independentistas. No en vano, la oferta pasa por aumentar los impuestos, el gasto público y, sobre todo, por establecer nuevas regulaciones que socavan el crecimiento. Acaso muchos independentistas consideren que se trata de un bajo peaje con tal de avanzar hacia un Estado propio, pero ese peaje implicaría que las nuevas instituciones catalanas se hallaran contaminadas en origen por un ideario refractario hacia la prosperidad. De esta forma, en el capítulo de gastos, Juntos por el Sí promete un «plan de choque contra la crisis» consistente en incrementar en 100 millones el gasto en sanidad, en 50 millones el de dependencia, en 70 millones el de rentas de inserción, en 15 el de educación infantil, en 10 el de viviendas de protección oficial y en otros 10 millones las inversiones en barrios desfavorecidos. A su vez, se compromete a no recortar los sueldos de los funcionarios y a paralizar toda nueva venta de activos públicos.

Para financiar este conjunto de gastos, la coalición independentista propone incrementar la fiscalidad medioambiental, crear un impuesto sobre los depósitos bancarios, luchar no sólo contra el fraude sino contra la planificación fiscal legal dirigida a minimizar la carga impositiva y renegociar los peajes de las concesiones públicas a empresas privadas. Asimismo, y a renglón seguido, Juntos por el Sí promete una rebaja del IRPF para las rentas más bajas, volviendo el sistema mucho más injustamente progresivo contra el personal cualificado.

Sin embargo, no es el capítulo presupuestario el que levanta mayores recelos, sino el regulatorio. En este caso, Juntos por el Sí se pliega a reivindicaciones antieconómicas que no sólo dificultan la labor de los empresarios para generar riqueza dentro del territorio catalán, sino que añaden un manto de innecesaria incertidumbre jurídica al entramado institucional presente y futuro de Cataluña. Así, y en primer lugar, la coalición independensita promete a las CUP establecer un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros mensuales (un 50% superior al del resto de España), lo que inevitablemente incentivará la deslocalización empresarial. En segundo lugar, se propone crear un banco público orientado a otorgar crédito barato para pymes y grandes proyectos de obra pública, lo que tenderá a degenerar en financiación subprime –al estilo del ICO o de las cajas de ahorros– cuyos agujeros deberán ser cubiertos por todos los catalanes. Tercero, se iniciará una auditoría del déficit de tarifa de las compañías eléctricas con vista a impagar aquella deuda tarifaria que las administraciones consideren «odiosa». Y, por último, se paraliza arbitrariamente el complejo turístico BCN World: una muy mala señal de cara a cualquier macro-inversión futura. De momento, este último ofrecimiento de Juntos por el Sí pende del hilo de las asambleas de la CUP, las cuales bien podrían terminar rechazándolo. Pero, en todo caso, lo preocupante del asunto es la creciente deriva populista del independentismo catalán. Del mismo modo que la política española se ha terminado «podemizando», la catalana se está «cupeizando» a marchas aceleradas. Y eso, sea cual sea el escenario futuro de Cataluña, será un tremendo y pauperizador error.