Cobrar en tiempos revueltos

Nada como la presión social para que la clase dirigente mueva las nalgas sobre la silla. Desde que esta brutal crisis económica comenzase a asomar allá por 2008, -ya saben, poco antes de ese debate electoral Solbes-Pizarro que perdió el que sí tenía razón- no pocos se vinieron preguntando con qué cara comenzaría a manifestarse el drama a nivel social.

Esa cara nos la ha mostrado, a mayor gloria de la ceguera de sucesivos gobiernos, el episodio de los desahucios. Y aquí el oportunismo político no ha tardado en aflorar en dirigentes sabedores de que Gobierno y partido socialista ya se habían puesto las pilas por la cuenta que le trae.

Resulta chocante ver a alcaldes de relevancia anunciar «medidas» a estas alturas, ignorando en su empanada demagógica que existe una cosa llamada Ley. Una legalidad que precisamente sólo los políticos y nadie más que ellos pueden o deben cambiar. Como resulta llamativo que colectivos de jueces muestren escrúpulos ante la aplicación de esa legalidad, tal vez queriendo ignorar el papel que a cada poder del Estado corresponde y el hecho de que los «márgenes creativos» a la hora de redactar sentencias, a veces sólo llevan a ocurrencias como la «decadencia manifiesta de la clase política» del bueno de Pedraz.

Aquí lo que se ventila de entrada es cuantificar y definir con precisión de bisturí qué se entiende por los términos manejados de «situación extrema» o «familia vulnerable», no vaya a ser que reestrenemos la obra magna de Darío Fo «aquí no paga nadie» y pongamos en cuestión lo que nos quede de país serio y cumplidor ante quienes aún creen que vale la pena confiarle sus inversiones.